La Jornada
El Estado mexicano es el más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó ayer Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo.
En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 estados miembros, detalló al dictar una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De esas denuncias, 849 fueron contra el gobierno de México, es decir, 73 por ciento del total.
Organizaciones, abogados litigantes y particulares son quienes realizan las imputaciones en contra del Estado mexicano, informó, según un comunicado difundido por la UNAM.
Nuestro país, aseveró, posee el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales en el continente: en cada una de las 32 entidades hay una comisión de derechos humanos y existe otra a escala nacional. Esos organismos reciben, en conjunto, más de 200 millones de dólares al año, señaló. Entonces, ¿por qué la gente no acude a estas instancias?
La CIDH, en cambio, se encuentra en crisis financiera. El lunes pasado lo dio a conocer en un comunicado en el que informó además que, debido a las bajas económicas, suspenderá visitas de vigilancia a los países miembros y despedirá a 40 por ciento de su personal.
Álvarez Icaza explicó que el gran número de denuncias que reciben es el reflejo de una crisis en ascenso y la falta de respuestas a escala interna. También puede deberse, consideró, a que quienes interponen los recursos tienen una condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian las violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos.
De acuerdo con el jurista, quien fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en los pasados tres lustros el país ha estado expuesto al escrutinio internacional en el renglón, pero no podemos esperar que de esto emanen respuestas, porque para ello es preciso cumplir las recomendaciones. Si no lo hacemos, el escenario se agravará. Uno de los desafíos es instrumentar una política pública federal, estatal y municipal, aseveró.
En la primera esfera hay avances, reconoció. Pero algunas entidades no han modificado sus leyes, y en los municipios el panorama es peor, porque las gerencias de gobierno no consideran las garantías, destacó al participar en el Programa de Investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
En el encuentro –moderado por Laura Loeza Reyes, investigadora del CEIICH– describió las medidas cautelares emitidas por la CIDH como un sistema de emergencia de protección inmediata, el cual no juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.
Aquí hay principios disparadores de participación pública, pues parte importante de las solicitudes provienen de actores civiles interesados en defender los derechos humanos, señaló.
Hoy la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta con consignar el hecho. Ahora estos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia, concluyó.
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