La respuesta del Estado Mexicano a un corrupto e ineficiente sistema de justicia penal se dice materializar en la reforma constitucional en el año 2008. Se promete entonces transformar y fortalecer –ahora sí- el Estado de derecho y sentar las bases de la convivencia social en el siglo XXI; se comprometen a dejar atrás un viejo sistema obsoleto, caduco e inoperante, con lo que se propició injusticia e impunidad.
Independientemente de las valoraciones, de los aciertos y desaciertos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal surge como con un carácter garantista, caracterizado principalmente por el respeto a los derechos de víctimas, ofendidos e imputados (bajo el principio de presunción de inocente); rigen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación con las características de acusatoriedad y oralidad. Rasgos principales: 1) una trilogía procesal: Ministerio Público (parte acusadora), imputado (se defiende) y un juez determina lo conducente; 2) se garantiza un relación directa entre el juez y las partes y procedimientos penales más ágiles y sencillos. 3) Tres tipos de jueces: i) Control, responsable del análisis de la legalidad de la detención, del establecimiento de medidas cautelares y garante de las etapas de investigación e intermedia; ii) Juicio Oral, encargado de la vinculación del indiciado a proceso hasta la emisión de la sentencia correspondiente y iii) Ejecutor, que vigila y controla la ejecución de la pena. 4) Prisión preventiva como medida excepcional. 5) Mecanismos alternativos de solución de controversias que busquen preponderantemente la reparación del daño. 6) Mecanismos de excepción en materia de delincuencia organizada. 7) Se garantiza el derecho a defensa adecuada por abogado técnicamente capacitado y 8) Servicio de defensoría pública con condiciones de igualdad salarial y de servicio civil de carrera igual a los ministerios públicos.
@NVS_
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