Se tambalea la investigación de la PGR cuando 32 personas detenidas por los supuestos hechos con los que la Procuraduría General de la República (PGR) dio soporte a su “verdad histórica”, acusan que fueron “torturados” para que en sus declaraciones confesaran haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en el basurero de Cocula y arrojado en bolsas al río San Juan.
Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.
La agencia The Associated Press obtuvo documentos de diez de los detenidos, entre ellos Patricio Reyes Landa, Sidronio Casarrubias y Agustín García Reyes, en los que relatan un guión que es casi idéntico en los diez casos: primero los interrogaron, luego los golpearon, les dieron descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus familias si no hacían confesiones que dieran sustento a la “versión gubernamental de los hechos”.
Informes médicos publicados recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.
Los días siguientes al 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los hechos de Iguala y la desaparición de 43 normalistas ocuparon la atención mundial, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y, en apresurada conferencia de prensa, mostraron videos de supuestos traficantes de drogas con los que anunciaron haber resuelto el caso al que, el mismo procurador en ese entonces, Jesús Murillo Karam, denominó la “verdad histórica”.
En los documentos obtenidos por AP se pueden conocer las siguientes narraciones:
“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP. “Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.
La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.
Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.
Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.
“Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso”, dijo Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México.
La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. El video mostraba a una mujer soldado y un oficial de la policía federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. El ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de soldados en febrero de 2015 para combatir a los carteles.
En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el cartel Guerreros Unidos y hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.
Un informe de los médicos de la PGR, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o “chicharras”) en abdomen y muslos”.
Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la procuraduría abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015: ”El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue él quien me asfixió con bolsas negras de plástico, y que además me violó con una pieza metálica”, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según consta en los documentos. “Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo”.
Eber Betanzos, subprocurador que supervisa el caso del gobierno, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le están haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados.
Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, expresó en su segundo informe, sus dudas sobre la veracidad del testimonio de García Reyes, ya que en el video que mostraron realizado por fotoperiodistas el 28 de octubre de 2014, se observa a éste caminando junto a Tomás Zerón, director de la agencia de investigación de la PGR, en el borde del río, un día antes de que la PGR dijera que habían hallado fragmentos de huesos en el lugar.
En los documentos obtenidos por la AP, García Reyes dice que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río, aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.
“Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada”, relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. “Me decían más vale que me digas adónde están porque si no vamos a matar a tu esposa y tu hijo y a ti también”.
“Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran”, agregó. “Me llevan al río y me dicen en la camioneta ‘ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron enseguida donde ya tenían una bolsas de plástico, las señalé como diciendo que yo las conocía”.
González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.
Pero agregó que, “en el contexto de México, donde la tortura es generalizada… toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto”.
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