Las tres declaraciones que presentarían los altos servidores públicos no tienen que ver con los derechos de las personas sino que son requisitos para asumir y conservar el cargo. Se está discutiendo mal este asunto en el Senado. Mucho me temo que el resultado será malo también.
Las objeciones del gobierno (PRI-PVEM) son subterfugios para evitar que el presidente de la República tenga que declarar los bienes de su cónyuge y dependientes económicos y para que la sociedad que gobierna ignore su patrimonio familiar. Es muy lamentable que un país dependa de la circunstancia de un individuo. Se supone que los tiempos de las dictaduras, de las leyes al caso y a la persona, han quedado atrás, lo mismo que el presidencialismo despótico de la “dictadura perfecta”.
Las tres declaraciones son: patrimonial que incluye ingresos y egresos del periodo, tanto del servidor público como de su cónyuge y dependientes económicos (regla que está vigente), fiscal y la de posibles conflictos de intereses que abarca personas o entidades que pudieran entablar vínculo oficial con el funcionario así como de las propiedades de éste en empresas. Las tres declaraciones serían públicas. Pero el gobierno quiere que cada funcionario o funcionaria decida buenamente si sus declaraciones deben comprender a su cónyuge y dependientes, y si se dan a conocer.
Sería una regresión que los servidores públicos obligados no manifestaran los bienes e ingresos de sus cónyuges y dependientes económicos, pues ya están incluidos en la ley vigente. En cuanto a la publicidad, es un hecho que las declaraciones patrimoniales reservadas no han tenido ninguna trascendencia y que la ciudadanía exige siempre a los gobernantes y, antes, a los candidatos, que las hagan públicas. En cuanto a la declaración de conflicto de interés, que sería nueva, carecería de sentido si estuviera reservada. No existe posibilidad de atropello a derechos porque no se quiere que tales declaraciones sean obligatorias para las personas. Lo que se busca sólo es incorporar legítimos requisitos legales para desempeñar ciertos cargos públicos.
Son las leyes las que señalan los requisitos para el desempeño de las funciones públicas con el fin de evitar la arbitrariedad. Además de legales, esos requisitos deben ser razonables, es decir, no se podría admitir que, por ejemplo, para ser presidente de la República se tuviera que poseer título profesional pero para ser ministro de la Corte sí está instituido. Ahora bien, para ser alto funcionario se debe requerir presentar tres declaraciones y, debido a la situación del país, éstas deben ser publicadas. El que no desee hacerlo no está obligado pero el Estado tampoco tendría forma de contratarlo.
El asunto consiste en no separar la fortuna del servidor público (hombre o mujer) de su cónyuge o hijos e hijas dependientes. Ningún sistema de control en vías de combatir la corrupción puede funcionar sin tomar en cuenta que, con bienes mancomunados o separados, los cónyuges comparten el uso de bienes patrimoniales y son mutuamente herederos. Lo mismo se puede decir de los dependientes económicos. Así que no se trata de llevar un control sobre personas ajenas al funcionario o funcionaria sino de conocer la fortuna familiar de los altos servidores públicos que son quienes administran los recursos públicos.
Como los servidores públicos que tienen bajo su resguardo las declaraciones patrimoniales y fiscales reciben órdenes, todo se ha convertido en secreto que, para ser remontado, se requieren órdenes judiciales que casi nunca se emiten. Para luchar contra el Estado corrupto, el servicio público tiene que ser transparente en todos sus aspectos, incluyendo los bienes de los altos funcionarios y sus familiares cercanos, pudiendo también vincular sus ingresos totales con su manifestación fiscal, incluyendo al cónyuge, para comprobar a vista de todos que ambos aspectos coinciden.
Contra el secreto fiscal se han dado varias arremetidas recientemente. Con el tiempo, éste se irá haciendo cada vez más circunscrito. Por ahora, es llegado el momento de ver si los altos funcionarios pagan los impuestos debidos, si lo han hecho desde poco antes de asumir el cargo, si lo declarado en el SAT es lo mismo que lo declarado en la inexistente Secretaría de la Función Pública o en la ninguneada Auditoría Superior.
La transparencia es un instrumento de lucha contra la corrupción. Por eso, el gobierno (PRI-PVEM) no está de acuerdo con el sistema 3 de 3 en su versión completa y pública.
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