Redacción
En México podría haber hasta 35 mil 433 personas víctimas el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), según un Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La cifra anterior representa un estimado obtenido de los testimonios de autoridades estatales y municipales, así como de las propias víctimas de desplazamiento y otras personas que las conocieron, recabados en los 32 estados de la República mexicana.
El Informe Especial fue elaborado con el objetivo de exponer y hacer visible el desplazamiento forzado al interior de nuestro país, para que desde las autoridades federales hasta las municipales, se coordinen y enfoquen en construir una ley general entorno a dicho fenómeno, además, de programas para la debida atención de las víctimas que de este han resultado.
El ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, aseguró que el DFI es un fenómeno que directa e indirectamente viola los derechos humanos, tales como el referente a la circulación y a la residencia; el de salud; los de seguridad personal, pública y alimentaria; así como el de trabajo y de educación de toda persona.
Durante la presentación del Informe Especial, González Pérez también instó al Estado mexicano a reconocer oficialmente la existencia del problema, y a determinar acciones para la atención de este.
El ombudsman señaló que la dificultad para abordar el fenómeno inicia desde que, dentro del sistema jurídico mexicano, no existe una definición para explicar el desplazamiento, lo que pone a quien ha sufrido una situación DFI en un contexto de vulnerabilidad, por la falta de protección, acompañamiento y asistencia.
No obstante dijo que la CNDH ya realizó una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado en nuestro país, que será presentada próximamente a las autoridades correspondientes.
Por su parte, el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, indicó que sólo algunas instancias gubernamentales y organizaciones civiles reconocieron la existencia del DFI, sin embargo, no existe una postura unívoca del Estado mexicano al respecto.
Destacó de entre las propuestas que el Informe Especial contiene, y que están dirigidas a instancias de los tres niveles de gobierno mexicano, la creación de una política pública integral y transversal en derechos humanos que proteja y garantice los derechos de las víctimas de DFI, así como la implementación de mecanismos para que la población desplazada pueda tener acceso a programas sociales.
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