La desaparición de personas y la tortura son dos de los temas que diversos organismos internacionales han denunciado como prácticas sistemáticas en México. La ONU llama la atención sobre la violación de los derechos humanos, asesinatos, y agresiones sexuales de los niños y adolescentes. Son cada vez más frecuentes las noticias conocidas en redes sociales de la forma en que ciudadanos padecen la anulación de sus derechos por parte de diversos agentes del Estado.
Pero al gobierno mexicano parece no importarle. Una disculpa pública representa una bofetada más en tanto no se realicen acciones encaminadas a corregir verdaderamente y de fondo dichas conductas. Duele aún más cuando de facto las acciones por parte de distintas instituciones propician que la impunidad de delitos cometidos por agentes de seguridad pública no sean castigados.
Por ello, lamentablemente seguiremos en un retroceso fáctico en materia de defensa de derechos humanos, en tanto exista constitucionalmente un diseño modelo en la materia, pero en la práctica nulo castigo para los culpables; apasionados discursos sobre la defensa de los derechos humanos, pero políticas públicas carentes de eficacia; y millones de disculpas públicas pero siendo cómplices de acción u omisión en la comisión de dichos delitos.
En la cotidianidad se padece la indolencia de un gobierno que simula la defensa de los derechos humanos pero que sus agentes la practican sin temor a ser castigados; de un gobierno que gasta más en frivolidades que destinar mayor recursos al combate de la inseguridad y a la implementación de políticas que ataquen de fondo las causas estructurales que la ocasionan.
La indolencia de un gobierno frente a las exigencias de sus gobernados tiene sus costos. En tanto, lamentablemente seguirán corriendo ríos de sangre y el ciudadano de a pie seguirá pagando las consecuencias.
@NVS_
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