Aida Ramírez Marín
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya investiga 33 casos de las personas mexicanas mencionadas en la investigación periodística denominada Panama Papers o Papeles de Panamá, y que se afirmó, han utilizado estructuras o empresas constituidas en países denominados paraísos fiscales.
Así lo afirmó el jefe del organismo recaudador, Aristóteles Núñez Sánchez, quien precisó que la mayoría de estos 33 casos tiene que ver con actividades empresariales y de éstos, 18 ya tienen auditorías abiertas por temas anteriores, de los cuales en dos el SAT colabora en investigaciones de otros países.
No obstante ello, señaló que en los 33 casos se hará una revisión interna para encontrar información que permita obtener elementos o no, para iniciar un procedimiento de auditoría, aunque sólo la investigación podría durar al menos dos meses.
Y de encontrarse evidencia suficiente, el organismo fiscalizador iniciaría una auditoría que podría tardar de 12 a 24 meses.
En entrevista radiofónica, Núñez Sánchez comentó que el SAT ya está en el proceso de clasificar la información que se publicó el domingo pasado, e identificar nombres de las personas referidas, los años en que se llevaron a cabo ciertas operaciones y revisar sus declaraciones anuales.
De entrada, señaló que el organismo que encabeza ya identificó algunas operaciones que corresponden al ejercicio fiscal 2015, las cuales están en plazo para reportarse en la declaración anual que vence este mes.
Explicó además que en el caso de quienes tienen operaciones en años anteriores, el SAT empezará a revisar en su base de datos primero sus declaraciones de impuestos y después, si se acogieron a algunos de los mecanismos legales que en su momento existían para pagar impuestos, como el llamado «pago anónimo», vigente hasta 2013.
Apuntó que el organismo tendrá que identificar si las personas mencionadas en los «Papeles de Panamá» pagaron impuestos respecto a operaciones en el extranjero, y si no lo hicieron, iniciará una auditoría que le permita fundamentar un crédito fiscal con recargos, actualización y multas y, en su caso, tipificar o configurar una figura de delito fiscal.
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