Aida Ramírez Marín
Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que tener una cuenta en el extranjero o en un país considerado como paraíso fiscal no es ilegal.
Lo anterior, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes, no obstante aseveró que el SAT ya se encuentra en el análisis de la información de los mexicanos nombrados en la investigación dada a conocer la víspera y denominada «Panama Papers».
Recordó que México tiene firmado con más de 50 países el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente para el intercambio de información bancaria, lo que permitirá conocer las cuentas de mexicanos en el exterior, y analizar si cometieron algún ilícito.
Dijo que en caso de encontrar cuentas de mexicanos en el extranjero que no hayan pagado impuestos por utilidades generadas en México, y que no se hayan acogido a un esquema para regularizar su situación como la repatriación de capitales o el esquema de pago anónimo, serán sancionados.
Núñez Sánchez recordó que el SAT tiene en curso 54 auditorías de cuentas de HSBC en su filial en Suiza, por el caso Swissleaks del año pasado.
Refirió que del caso que se conoció el año pasado, se tienen más de 54 inicios de auditorías con igual número de personas que incluso van más allá de los nombres que se conocieron públicamente, en donde hubo saldos desde 25 dólares hasta más de cinco millones de dólares.
Aseguró que las indagatorias del SAT aplicarán la ley por igual, a pesar que los señalados son prominentes empresarios mexicanos –Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca; presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia; Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de grupo Higa, constructor de la casa blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto; además de la actriz Edith González-.
Núñez dijo que se revisarán los nombres que se publicaron en la investigación «Panama Papers», del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, para comprobar si estas personas presentaron su declaración anual, «sus inversiones y sus rendimientos en esos países, o bien quién se acogió al pago anónimo que se tuvo hasta 2013, o quién podría incluso hoy entrar en ese retorno de inversiones, programa que está vigente hasta junio».
El funcionario indicó que hasta la fecha solo han registrado 30 millones de pesos por el esquema de repatriación de capital, y del cual se pagó un ISR por más de 10.5 millones de pesos.
Sin embargo, Aristóteles Núñez aseveró que se aplicará la Ley sin ninguna distinción para aquellas personas que evadan impuestos, con multas que pueden ir desde sanciones económicas hasta el encarcelamiento.
Recordó que la Ley «no distingue ni funcionarios de alto peso ni de bajo peso, ni de mediano peso, ni empresarios de bajo peso o mediano peso tampoco; la Ley no distingue y se tiene que aplicar para todos».
En la investigación denominada «Panama Papers (en inglés)», donde destacan documentos de un despacho panameño que implican a personas públicas y privadas de diversas partes del mundo, incluidas mexicanas, en los que presuntamente arrojan que aprovecharon los llamados paraísos fiscales para evadir impuestos.
El jefe del SAT aseguró que esos documentos son muy valiosos y se tendrán que revisar con objetividad, de acuerdo con la información que tiene el organismo recaudador, aunque las auditorías podrían durar hasta dos años.
Sin embargo de comprobarse algún ilícito, las sanciones que se aplicarían son el pago de impuestos correspondientes (una tasa de entre 30 y 35 por ciento, según el año que se trate), un recargo por esa cantidad no pagada y una multa de casi ciento por ciento del monto que se evitó cubrir.
Además, en caso de acreditarse que se cometió algún delito fiscal, según el monto, el involucrado puede tener prisión de tres meses a nueve años, explicó en el marco del «Foro Recinto Fiscalizado Estratégico, propuesta de ampliación de beneficios».
De su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, declinó hacer cualquier comentario sobre este asunto, pues señaló que «Ya hemos expresado a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un pronunciamiento bastante claro y no tengo ningún comentario adicional».
En tanto, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, consideró que la investigación «Panama Papers» ponen de manifiesto la práctica «cultural del secretismo» fiscal en ese país, y llamó a la nación centroamericana a implementar los estándares internacionales de transparencia financiera.
En un comunicado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Gurría comentó que «las revelaciones de los papeles de Panamá han hecho la luz de la cultura y práctica del secretismo de Panamá».
Lamentó que Panamá sea «el principal país resistente a permitir que los fondos sean escondidos en un paraíso fiscal para las tasas y los refuerzos de la ley», una lucha que recordó, la OCDE ha liderado a nivel mundial desde 2009, al trabajar mano a mano con el G20.
«Panamá ha fallado a cumplir con los estándares internacionales de transparencia internacional», insistió el secretario general el organismo internacional al que pertenecen 34 de las principales economías mundiales.
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