Redacción
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México denunció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una campaña criminalizadora, la cual, dijeron, además de atentar contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de la ciudadanía, incita a la violación a los derechos humanos, especialmente de los sectores que promueven la comunicación comunitaria e indígena.
La campaña titulada Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos, se lanzó el pasado 23 de marzo por el IFT, y, afirmó la AMARC, tiene como objetivo perseguir a medios que no cuentan con concesión, sobre todo a aquellos medios que son incomodos a autoridades locales.
En un comunicado, firmado por 12 organizaciones vinculadas a la promoción y difusión de la libertad de expresión, 13 radios comunitarias de distintos puntos de México, así como por personas independientes y académicos, manifestaron que el problema fue que la información que el IFT exhibe, no era la que debió “haber invertido en difundir”.
Irina Vázquez Zurita, coordinadora ejecutiva de AMARC México, explicó que el año pasado el Instituto Federal hizo una consulta indígena para construir los lineamientos para que los colectivos de radios accedan a una frecuencia.
Ante la situación, las radios que ya estaban operando solicitaron al IFT “un plazo de buena voluntad”, en el cual se difundiera la información de cómo acceder a las frecuencias para poder organizarse e ingresar en la regulación.
Sin embargo, el periodo y la difusión les fue rotundamente negado, e iniciaron con los cierres de las comunitarias que estaban al aire; entre las cuales estuvieron cuatro radios comunitarias de Oaxaca, que además sufrieron el acoso del Instituto.
La coordinadora precisó que la campaña mediática del IFT no respetó lo que estableció la reforma de la Ley de Telecomunicaciones de 2014, ya que ahí “nunca se habla del delito de robo, cuando se ocupa una señal radioeléctrica, sino de sanciones administrativas”.
Por lo tanto las organizaciones solicitaron que se retire de inmediato la campaña criminalizadora, y en su lugar emitan una que contribuya a multiplicar la cantidad de concesionarios existentes, de acuerdo a la normativa vigente.
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