Se cierra el cerco y tarde o temprano tenía que pasar; si los abogados de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo» cumplen lo que prometieron, tendremos evidencia de que hay gobiernos en nuestro país financiados por el narco.
Alrededor del narcotraficante se ha tejido una compleja y eficiente estrategia de comunicación que tiene como último eslabón la reveladora entrevista que otorgó la víspera su «supuesta» hija mayor al periódico británico The Guardian.
El haber dado acceso a un medio internacional es la clave para que esta estrategia siga su correcto funcionamiento, ya que medios nacionales no serían el filtro adecuado para su difusión.
Esta mujer dijo lo que a voces se rumora en nuestro país, que el escape de su padre del penal del Altiplano hace casi un año fue pactado y que el gobierno lo traicionó en aras de obtener costo político favorable ante una imagen que se derrumba.
Esta «supuesta» primogénita asegura que Loera la visitó dos veces allá en Estados Unidos donde reside, y que hasta le confió que su captura en 2014 en Mazatlán fue producto de una traición de su compadre y fiel amigo Ismael «El Mayo» Zambada, el número dos del cartel.
Creerle o no es lo de menos, lo importante aquí es que el gobierno debe tomar con cabeza fría estas declaraciones y las acciones implementadas por el equipo de abogados del criminal, quienes han emprendido una huelga de hambre para beneficiar a su cliente.
Nos cuentan que en el primer círculo de la seguridad nacional de Enrique Peña Nieto andan con pies de plomo porque a unas horas de esta entrevista a The Guardian la esposa de Guzmán Loera, Emma Coronel, envió una carta a la prensa nacional asegurando que su marido de ninguna manera conoce a esta mujer llamada Rosa Isela Guzmán.
Dice la esposa que Guzmán conoció la existencia de su «supuesta» hija cuando estaba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y que le escribía cartas asegurando que su madre le había dicho que el sinaloense era su papá. Coronel aclaró en su misiva que le contestó solo por mera cortesía.
Hay versiones que apuntan a que esta mujer es parte de un plan para obligar al gobierno mexicano a acelerar a toda costa el traslado de «El Chapo» hacia Estados Unidos.
Pero lo que llama la atención es la amenaza de sus abogados José González Meza, Juan Pablo Badillo y Carlos Urrutia de dar a conocer la lista de partidos y candidatos que recibieron dinero del narcotráfico para sus campañas si no cesan las supuestas violaciones a los derechos humanos de su cliente.
Es urgente que se investigue a fondo sobre lo dicho por estos litigantes porque si «El Chapo» es extraditado en breve o terminan las supuestas violaciones a sus derechos en el penal, la presión funcionó y nunca sabremos de los narcogobiernos.
PARA EL REGISTRO Dicen que cada país tiene el gobernante que se merece… ¿entonces Estados Unidos se merece a Trump? Buen inicio de semana Gracias y hasta mañana.
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ANTONIO BETANCOURT
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