La principal responsabilidad de todo gobernante es la seguridad de sus ciudadanos. Desde hace muchos años esa misión ha quedado en el olvido y, por ende, la razón de existir del Estado. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015) que publica el INEGI se afirma que el 58 por ciento de la población de 18 años y más considera que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más importantes en su entorno inmediato.
A dichos problemas se suman el desempleo, aumento de precios, pobreza, salud, corrupción, educación, impunidad, narcotráfico y escasez de agua. Dentro de la percepción de la corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, el 77.9 por ciento de la población de 18 años y más considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con el 66.5 por ciento.
Pero al Gobierno del Distrito Federal eso no importa. Basta observar la implementación de un nuevo Reglamento de Tránsito en el que se establecen medidas absurdas que generarán más corrupción y el enojo de los ciudadanos, que superarán en mucho los supuestos beneficios para las arcas de la ciudad.
El tiempo pasa y los problemas se agudizan, ante la incapacidad de nuestros gobernantes para solucionarlos. Viejos problemas que generarán nuevos conflictos de gobernabilidad, falta de credibilidad en las instituciones y una ausencia de generación de capital social. No se puede entender de otra manera más que de un verdadero suicidio político echar más leña al fuego en temas tan sensibles para una sociedad desesperada y desencantada de los políticos y de la política. Decía mi abuela que año de pares, año de males. ¡Ojalá y no sea así!
@NVS_
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