RITA MAGAÑA TORRES
El Senado aprobó el dictamen que expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por la cual se permite a involucrados en la comisión de delitos, dirimir la controversia con mecanismos variados o continuar el procedimiento penal en vía judicial.
Con 90 votos a favor, el pleno senatorial avaló este ordenamiento, que busca atender los conflictos, a partir de la responsabilidad de los intervinientes, la participación activa y enfocándose en los matices que componen cada situación.
El dictamen, al que se le dispensó la segunda lectura, precisa que los delitos que podrán ser resueltos bajo los mecanismos alternativos serán los que se persiguen por querella o requisito equivalente de la parte ofendida.
Además, de los delitos culposos o patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, tal como está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, señaló que con la aprobación de este dictamen se incorpora a la legislación nacional uno de los componentes más importantes del Sistema de Justicia Penal acusatorio adversarial de 2008.
En el que se privilegian las garantías individuales de la víctima pero también de los acusados, para hacer eficaz el principio de presunción de inocencia, agregó.
El legislador del PAN destacó que se incorporaron figuras de conciliación, mediación y junta restaurativa como mecanismos alternativos idóneos para atender la problemática penal.
La junta restaurativa se diseñó especialmente para otorgar perdón y asumir la responsabilidad por el daño causado en la conducta delictiva, explicó.
La perspectiva restaurativa de la ley busca la recomposición del tejido social con especial énfasis en éste y sobre todo en la necesidad de garantizar la restauración del daño causado, indicó.
“Busca generar espacios de solemnidad y contención adecuados en donde pueda llegarse al perdón y sanar las relaciones sociales lastimadas por la conducta delictiva”, señaló.
La nueva ley, dijo, tiene como eje rector la voluntad de las partes para explorar, descubrir y elegir alternativas de solución a controversias, atendiendo al daño causado por la conducta delictiva; es cuidadosa de la relación de las partes involucradas en un conflicto, y atiende las particularidades de cada caso, revisando lo verdaderamente importante.
Por su parte, Arely Gómez González, del PRI, apuntó que el dictamen se construyó para lograr justicia a través de los mecanismos alternativos, no metiendo a gente a la cárcel sino a través de la satisfacción de las partes involucradas, y lograr la recomposición del tejido social.
Entre otros beneficios, la ley contribuye a la reducción de costos y tiempos de los procesos penales, que a su vez disminuye la sobrepoblación en cárceles y permitirá que las instituciones del Estado mexicano concentren sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes, destacó.
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