Nora Nancy Gaspar Reséndiz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide que se investigue el origen y licitud del financiamiento y equipamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, así como posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Si bien en un principio estos grupos tenían la intención de proteger a la población, con el paso del tiempo el objetivo se transformó y algunos agrupaminetos permitieron el acceso y vinculación a miembros de la delincuencia organizada, como dan cuenta lo cientos de testimonios recabados por la CNDH.
El 24 de febrero de 2014 surgió el primer grupo de autodefensa, en la comunidad La Ruana, del municipio de Buenavista, Michoacán. Días después surgió el grupo de Tepalcatepec, desde ese momento grupos similares se extendieron a lo largo de 33 municipios de la costa y de la región de Tierra Caliente.
A partir del surgimiento de este fenómeno la CNDH decidió realizar una investigación cuyos resultados dio a conocer este jueves en el Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto.
En su informe, la CNDH determinó que la situación delincuencial junto el acentuado abandono social propiciaron las condiciones para el surgimiento de grupos de autodefensa, ya que en Michoacán existen problemas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades, lo cual hace a sus habitantes vulnerables al abuso de la delincuencia organizada.
La CNDH formuló 55 propuestas, de las cuales siete son a la PGR, cinco a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al gobierno del estado, cuatro al congreso estatal, doce a los Ayuntamientos y tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Entre ellas destacan la solicitud a la PGR de realizar un diagnóstico de la procuración de justicia federal en la entidad y reforzar las agencias del Ministerio Público e investigar denuncias de víctimas de los caballeros templarios, así como la posible complicidad de las autoridades ellos con esta organización, y determinar la licitud del financiamiento de los grupos de autodefensa.
A la CNS se le pide coordinar los trabajos con autoridades federales de seguridad pública, estatales y municipales para así restaurar la seguridad y la prevención del delito, además de evitar la tolerancia en la conformación y operación de grupos de ciudadanos armados.
Al Gobierno del Estado se le solicita, entre otras cosas, investigar las acusaciones contra integrantes de algunos grupos, respecto a la infiltración de la delincuencia organizada en las autodefensas, investigar la desaparición de personas reportadas, ubicación de fosas clandestinas y exhumaciones, así como presentar iniciativa de ley para tipificar el delito de desaparición de personas.
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