Las Aduanas y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no están cumpliendo con su obligación de proteger los derechos civiles y humanos de los migrantes detenidos y deportados a México, y han endurecido sus prácticas agresivas y discriminatorias obedeciendo a un manual institucional.
Un nuevo estudio por encargo de la Conferencia Jesuita de Canadá y los Estados Unidos y la Iniciativa Kino (KBI) publicado esta semana titulado «Nuestros valores en la línea de: Abuso de Migrantes y la separación de la familia en la frontera”, encontró que más de un tercio de los migrantes deportados experimentaron abuso o maltrato a manos de las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
Los abusos incluyen robo, abuso físico, abuso verbal, y condiciones inhumanas de detención, dígase instalaciones de detención sin camas, grave hacinamiento, temperaturas excesivamente bajas, falta de una alimentación adecuada y, lo peor, una constante negación de tratamiento médico.
El informe —al que tuvimos acceso y aún no tiene traducción al español—, detalla los resultados de un estudio a profundidad de 358 migrantes mexicanos deportados a la ciudad fronteriza de Nogales, México, a partir de julio 2014 a marzo 2015, y corroborado por encuestas de formato corto de otros 7 mil 507 migrantes en la misma zona.
En el texto se desvela que estas prácticas no son improvisadas o generadas por el odio personal de los oficiales, sino que obedecen a una línea bien dictada por las instituciones migratorias de aquel país.
Desde 2005 las autoridades aduanales y de migración de los Estados Unidos han tratado de disuadir a los migrantes mexicanos de intentar entrar a su país a través de la política llamada “Aplicación de Consecuencias”. Esta medida, puesta en práctica desde 2011 y que agrava su nivel cada año, consiste en adoptar medidas contra los migrantes lo más duras posibles causando penurias y sufrimiento.
Con estas reglas, los agentes a menudo ingresan a propósito incorrectamente nombres en bases de datos, niegan llamadas telefónicas e impiden a los detenidos el acceso a su consulado. Hay denuncias de que dos de cada tres inmigrantes encuestados que cruzaron con miembros de su familia aprehendidos conjuntamente fueron separados unos de otros y deportados a diferentes puertos de entrada, con semanas o meses de diferencia, algo por supuesto ilegal.
Con estas prácticas, el 28 por ciento de los migrantes fueron deportados por la noche a Nogales y otros destinos en México con altos niveles de violencia, que los hace particularmente vulnerables a los abusos por parte de delincuentes, policías corruptos y otros funcionarios públicos. Y lo grave, una de cada siete mujeres deportadas se colocaron en esta posición vulnerable.
Lo cierto es que esto del manual del maltrato no se sabía porque los migrantes que alegan abuso no presentaron una queja formal. Las razones para no hacerlo incluyen el miedo a las represalias y la creencia de que no iba a hacer ninguna diferencia.
Es lamentable que el gobierno de México, y sobre todo los legisladores, se preocupen más por las crisis migratorias en otros lugares del mundo, y no atiendan los abusos a mexicanos en territorio estadunidense donde las autoridades actúan bajo políticas en las que los abusos son cotidianos y ahora reglamentarios.
PARA EL REGISTRO Los próximos días serán decisivos en el Senado de la República para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad para esclarecer el doloroso caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Dicen los que saben que
una Comisión de este tipo es la mejor oportunidad que tiene el gobierno para enfrentar su profunda crisis de credibilidad, porque si el gobierno no tiene nada qué esconder, si confía en sus investigaciones, una Comisión Internacional le ayudaría a recuperar algo de la credibilidad perdida. Por lo pronto el jaloneo está entre senadores panistas y priistas, y antes de terminar la semana habrá una definición. Esperemos. Gracias y buen inicio de semana.
@betata75
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