AGENCIAS
El senador Armando Ríos Piter propuso expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con el fin de reglamentar la integración, objetivos, funciones, atribuciones y mecánicas de interlocución entre los diferentes órganos que componen el Sistema Nacional Anticorrupción.
El legislador del PRD explicó que su iniciativa destaca dos pilares fundamentales en la ley general: la ciudadanía como eje central y protagonista del Sistema; y sólidos incentivos para el desempeño eficaz e independiente de los servidores públicos del Sistema.
En un comunicado, indicó que su propuesta “crea un verdadero sistema ciudadanizado” toda vez que la titularidad del Sistema se deposita en la persona que encabece el Comité de Participación Ciudadana, además de que se establece un sistema novedoso de elección de los integrantes del comité, que es conducido y determinado por ciudadanos.
“Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana deberán demostrar su autonomía e independencia de intereses y fuerzas políticas. Asimismo, deberán comprobar que gozan de una buena reputación y que cuentan con una trayectoria personal y profesional íntegra”, detalló el diputado por Guerrero.
Además, abundó, se establece un instrumento transversal para agrupar y fortalecer los esfuerzos de combate a la corrupción. Se plantea que la Política Nacional para el Combate a la Corrupción sea evaluada y actualizada anualmente y que cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión la analicen y emitan un pronunciamiento al respecto.
Ríos Piter también propuso coordinar el trabajo de los sistemas Nacional Anticorrupción, de Transparencia y de Fiscalización, mediante un Supra Sistema Controlador de la Función Pública, capaz de promover el buen gobierno desde un aspecto multidisciplinario.
“Al sumar las facultades y capacidades de estos tres sistemas, se está potenciando la capacidad de control del Estado sobre sí mismo”, aseveró el legislador federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
También se plantea crear unidades de vinculación dependientes del Comité de Participación Ciudadana para que el ciudadano pueda promover políticas públicas, denunciar actos de corrupción o solicitar protección por afectaciones a sus derechos, derivadas de dichos actos.
Asimismo, se sientan las bases para crear una plataforma nacional, similar a la de transparencia, que permitirá aprovechar las tecnologías de la información y homologar los mecanismos y procedimientos para sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.
En la iniciativa presentada al pleno del Senado de la República se establece la obligación del servidor público de presentar declaración de conflicto de intereses y la de presentar copia de la declaración fiscal.
Ríos Piter destacó que con el objetivo de abonar a la recuperación de la confianza de la ciudadanía a sus instituciones, la ley contempla de manera expresa la protección de los denominados “whistleblowers” o “lanceursd’alertes”, informantes de buena fe que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida.
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