AGENCIAS
La Ley de Disciplina Fiscal, que busca meter en cintura a los estados y municipios en materia de deuda, es un paso positivo, pero falta ver cómo se aprobará y se implementará la legislación secundaria, según Moody’s.
El impacto de la ley dependerá de la versión final que aprueben los diputados de la nueva legislatura, dijo María del Carmen Martínez, analista senior en México de la calificadora.
Durante la 16 conferencia anual de Moody’s, ‘México y sus desafíos ante un entorno global incierto’, Martínez advirtió que la aplicación de la ley está prevista que se concrete en un periodo de entre seis meses y siete años, por lo que no habrá cambios de manera inmediata en una mejora de calificaciones crediticias.
Adicionalmente, explicó, Moody’s evaluará si se implementan las sanciones que marca la ley por incumplimiento de las normas.
La analista explicó que elementos como «la implementación de ajustes al gasto y los ingresos, la planeación presupuestal y la disciplina financiera», son puntos positivos que podría impulsar la nueva regulación.
En el lado negativo, Martínez destacó la posible incapacidad o falta de voluntad política para la implementación de la ley. También que el proceso de cambios en el marco regulatorio dificulten la contratación de deuda, lo que podría llevar a la acumulación de deuda con proveedores así como la próxima coyuntura electoral.
El Senado aprobó a principios de año una reforma constitucional para acotar y reglamentar la deuda de los estados, con lo que se busca controlar el endeudamiento de las entidades.
La deuda pública de los estados y municipios ascendía a más de 510,000 millones de pesos en el primer trimestre de 2015.