Redacción
Gobernadores salientes de los estados de Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche, no han podido aclarar irregularidades por 16 mil 657 millones de pesos en el manejo de recursos en fondos federales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El informe revelado por la ASF en el mes de junio, dio a conocer que el mayor número de irregularidades corresponde al gobierno de Michoacán, el cual tiene pendiente por aclarar 7 mil 764 millones de pesos durante los años 2012 y 2013, lapso en que la entidad estuvo gobernada por el priista Fausto Vallejo Figueroa.
Las observaciones reveladas por la ASF de los nueve estados destacan daños a la hacienda pública y violación a las normas, al realizar traspasos a cuentas no autorizadas y la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de dinero generado por intereses y subejercicios.
Asimismo, al mal manejo de recursos federales etiquetados que fueron utilizados para un uso distinto de sus objetivos y al pago a personal docente y de salud que no demostró estar calificado en el desempeño de sus funciones.
Fue el caso de Michoacán, donde se realizaron pagos indebidos a la Sección 18 del SNTE por conceptos no reconocidos y convenios laborales, como “bono de apoyo a la economía”, el “estímulo a la superación educativa” o por el “Día del Empleado”, por la cantidad de 223 millones de pesos.
La ASF encontró, en el caso de Nuevo León, que el gobernador, Rodrigo Medina, subejerció el 89 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), equivalente a 54 millones 706 mil 700 pesos, al cierre del 2013. Además de la compra de un escáner para detectar cadáveres con valor de un millón 67 mil 200 pesos que se encuentra en desuso.
En 2013, en Querétaro, la administración de José Calzada Rovirosa, destinó 225 mil 264 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples al pago de prestaciones no autorizadas por el consejo de trabajadores de la Universidad del estado.
En Campeche, el gobernador, Fernando Ortega, a través de la Secretaria de Educación Pública, utilizó seis millones 644 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para la compra de vales, uniformes deportivos y medallas, entre otros, no considerados financiables dentro del fondo, durante 2013.
Mientras que en Sonora, la ASF encontró que la administración del panista Guillermo Padrés, incumplió con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y realizó transferencias bancarias por 100 millones de pesos a cuentas estatales durante seis meses, y el gasto de 2 millones 887 mil 400 pesos en alimentación a otros fondos destinados a otros objetivos.
El informe también reveló que en San Luis Potosí se encontró un pago no justificado de 514 mil 400 pesos en 2013, a dos médicos que realizaron funciones administrativas.
En tanto la administración de Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero, destinó un millón 817 mil 448 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, para el pago de salarios de 72 empleados que estaban dados de baja.
El documento también reveló que gobernador de Colima, Mariano Anguiano, gastó tres millones 951 mil pesos al pago de un vehículo blindado Tigger, cuya adquisición se realizó en 2012.
Hasta el momento no se reporta por parte de la ASF que los gobernadores salientes hayan subsanado las observaciones realizadas a sus administraciones.
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
