Una mezcla de tristeza, rabia e impotencia surge al observar por redes sociales –la única forma de enterarse de ello- la manera en que las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano arremeten en contra de comunidades enteras, bajo el argumento de propósitos de “seguridad nacional”. Cada vez es más común enterarnos del uso excesivo de la fuerza de las autoridades responsables del orden y, en contraste, la dolorosa ausencia de voces de protesta que se levanten contra ello.
Algo grave está sucediendo en México. La supuesta lucha en contra del narcotráfico y la inseguridad se está convirtiendo en una lucha que enfrenta al pueblo contra el pueblo. Los grandes delincuentes comunes y de “cuello blanco” no están entre las rejas pagando sus delitos. Y los que están, salen libres por las vías formales o informales. Mientras que los movimientos sociales, los defensores de los derechos humanos y todo aquél que se atreva a disentir, particularmente en contra de las políticas económicas, es el enemigo público número uno. Y es a él al que hay que combatir.
Estoy convencido de la necesidad de hacer uso de todos los recursos institucionales para enfrentar la inseguridad, que avanza como un fantasma silencioso por el territorio nacional. Pero es necesario que haya un replanteamiento de la estrategia por parte del Estado para que efectivamente nuestras fuerzas armadas sean utilizadas para la seguridad del ciudadano y sus propiedades, y no como un instrumento represor para la imposición de una visión de gobierno. Ningún estadista puede apostar al enfrentamiento del pueblo contra el pueblo sin que en el corto o largo plazo pague gravemente sus consecuencias. Lamentablemente el costo mayor lo tendrán esas partes mayoritarias del pueblo que hoy observamos se enfrentan físicamente.
Néstor Vargas Solano*Ex presidente del IEDF
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