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El subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, y autoridades laborales del estado de Baja California (BC) se comprometieron con los jornaleros del Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, a impedir despidos masivos por parte de los empresarios agrícolas.
De acuerdo con Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social en San Quintín, desde hace un mes las empresas agrícolas Berrymex y Los Pinos (de las más grandes en la región) iniciaron despidos masivos bajo el argumento de que la producción había disminuido.
Por ejemplo, el activista reveló que la empresa Berrymex –que produce fresas y mora– hace 20 días despidió a más de 500 personas jornaleras que llevaban trabajando hasta 10 años en estos campos agrícolas, y se quedó con personal nuevo que no tiene experiencia mayor a dos meses.
Del total de estas personas se calcula que la mitad son mujeres, quienes participaron activamente en el paro laboral del pasado 17 de marzo en San Quintín, en demanda de mejores condiciones laborales, ya que además de bajos salarios, violencia y jornadas de más de ocho horas, las trabajadoras no cuentan con prestaciones sociales ni seguro médico.
Por su parte, la empresa Los Pinos –que produce tomate y al año emplea a más de tres mil personas– también realizó un recorte masivo hace un mes por la supuesta baja en la producción agrícola.
No obstante, en días pasados –aseguró Fidel Sánchez– la empresa llevó a San Quintín 11 camiones de transporte de personal con cientos de personas provenientes de La Montaña de Guerrero, quienes supuestamente remplazarían a las y los jornaleros despedidos.
Sánchez Gabriel declaró que estos despidos son represalias contra las y los trabajadores del campo por haber participado en el movimiento jornalero con el que lograron en junio pasado un aumento salarial.
A propósito, representantes del movimiento jornalero solicitaron desde hace un mes al procurador del Trabajo en la región, Gabriel Soria, que revisara el recorte del personal; sin embargo hasta ahora sigue omiso a ese llamado, criticó el activista.
Las y los jornaleros vinieron a la Ciudad de México el pasado 23 de julio para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, quien les aseguró que estará al pendiente de estos despidos, y solicitó a las autoridades laborales de BC atender la problemática.
En respuesta, hace dos días las y los jornaleros se reunieron con la secretaria del Trabajo en BC, Juana Laura Pérez Floriano, y con la delegada del Trabajo en Ensenada, Minerva Torres, quienes también se comprometieron a dar una respuesta en breve.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
Además de esa exigencia, las y los jornaleros recriminaron a Miranda Nava porque no se realizó la primera semana de este mes de julio –como se había establecido– una reunión para evaluar los avances de los 13 acuerdos alcanzados el pasado 24 de mayo con legisladoras y legisladores, y autoridades federales.
También cuestionaron sobre las acciones para el cumplimiento de cada punto, entre los que están la inscripción de todo el personal de los campos agrícolas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y un fideicomiso para la creación de guarderías y un hospital de especialidades.
Al respecto, el funcionario precisó que en breve se realizará otra reunión para evaluar el cumplimiento de esos acuerdos, y adelantó que el próximo martes se iniciarán las inspecciones en los centros de trabajo.
Dijo además que el gobierno federal está en disposición de contribuir a la generación del fideicomiso para las guarderías, pero que debía tratarlo con el gobernador de BC, Francisco Vega de Lamadrid, con quien se intentó comunicar frente a las y los jornaleros, pero supuestamente se encontraba en Asia.
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