RITA MAGAÑA TORRES
El subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparos de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, pidió al Congreso evaluar objetivamente las leyes federal y locales de extinción de dominio, ya que es indispensable contar con mayores elementos para su regulación.
Es recomendable, subrayó, contemplar más delitos para aplicar esta figura y acotar el tiempo de los juicios, con el objetivo de que la procuración de justicia sea más expedita, eficaz y eficiente, así como fortalecer las atribuciones del Ministerio Público para que procure más acciones en materia de extinción de dominio.
En tanto, el presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que la política de combate al crimen que se ha aplicado en los últimos años no ha funcionado, por lo que no se puede hablar de resultados favorables en esta materia.
En el foro de análisis Extinción de Dominio, mencionó que en la agenda legislativa del año siguiente, entre los temas a abordar, estará la revisión de la política anti-crimen del país.
Examinar el sistema de procuración de justicia, de seguridad pública y crear un marco legal necesario para que se recupere la rigidez en los sistemas policiales, de inteligencia y penitenciario, agregó.
Comentó que es importante que la figura de la extinción de dominio, que tiene que ver con el combate al crimen organizado, se revise, actualice y pueda ser un elemento para que sea eficaz en sus objetivos.
Precisó que la agenda legislativa trabajarán en el desarrollo de una nueva política criminal; construcción del andamiaje en leyes generales, secundarias y la armonización de ordenamientos estatales con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, añadió, concluir las leyes federales y la armonización con Sistema Nacional de Transparencia en los estados de la República.
Fernando Herrera Ávila, coordinador del PAN, recordó que el objetivo de la Ley Federal de Extinción de Dominio era contar con una herramienta valiosa para el combate a los delitos relacionados con la delincuencia organizada; sin embargo, sus resultados no han sido del todo satisfactorios.
Refirió que en algunas entidades federativas algunos predios han pasado a ser propiedad de los gobiernos locales, pero muchos se encuentran abandonados por diversos motivos, como la falta de recursos para su mantenimiento.
Expresó que ante la crisis de seguridad que vive México, el Estado debe contar con los instrumentos adecuados para enfrentar al crimen y proteger a las víctimas, por lo que la nueva normatividad en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción es de transcendental importancia.
El senador del PRI, Arturo Zamora Jiménez refirió que con la incorporación del enriquecimiento ilícito como supuesto para ejercer la extinción de dominio permite que el panorama sea “un poco más completo, pero no ha acabado”.
Se necesita, expresó, ampliar el abanico de conductas típicas que en un momento dado pueden generar la extinción de dominio, además de armonizar las leyes correspondientes, dar “la velocidad adecuada” para evitar que las autoridades eviten ser severamente cuestionadas.
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