AGENCIAS
Pese a que el Gobierno estadounidense ordenó recientemente poner en libertad a familias de indocumentados recluidas en centros de detención del país, las organizaciones que se encargan de su defensa denunciaron hoy obstáculos y coacciones por parte de los funcionarios migratorios.
«Solicitamos que se nos permita ayudar a las madres a comprender sus derechos y obligaciones para prepararlas y orientarlas en el proceso de liberación», pidieron hoy en una carta las organizaciones agrupadas bajo el Proyecto CARA, que aspira al cierre de los centros de detención para familias inmigrantes.
Estas organizaciones exhortaron así al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), organismo encargado de gestionar los centros de detención, a que cumpla con las orden del presidente Barack Obama y agilice la liberación de las familias que cumplan con los requisitos.
Su principal denuncia es que «los funcionarios del ICE obligan a las mujeres a ponerse tobilleras localizadoras como condición para ser liberadas», además de que «les niegan el derecho a la asistencia legal».
«Las familias no entienden los términos de su liberación», agregan en la denuncia.
Cristina Parker, coordinadora de proyectos migratorios de la organización Grasroots Leadership, explicó a Efe que «muchas mujeres están siendo liberadas con los localizadores, que son dolorosos, son humillantes y además deshumanizan».
Según las organizaciones, las mujeres «han sido intimidadas» por el hecho de hablar de los localizadores con sus abogados: «Los funcionarios (del ICE) han ido habitación por habitación buscando los nombres de las madres que denunciaron los problemas de las tobilleras».
El Gobierno de Obama anunció hace dos semanas el inicio de un proceso de liberación de las familias inmigrantes recluidas en los centros de detención y candidatas a recibir asilo político.
Desde entonces, «centenares» de familias han sido liberadas de los centros de detención que el ICE tiene en Karnes City y Dilley, ambos en la fronteriza Texas, según Grasroots Leadership.
El ICE, por su parte, no ha proporcionado el número exacto de mujeres y niños liberados a raíz de la orden gubernamental.
A este proceso se añade el fallo judicial emitido la semana pasada por una juez federal de California que declaró que la detención de menores y madres indocumentadas viola un acuerdo judicial de 1997 y por tanto, deberían ser liberados de inmediato.
Los centros de Dilley y Karnes City han estado en el ojo del huracán desde que abrieron, hace cerca de un año, por varias denuncias de abusos y malos tratos de guardianes a reclusas.
Las mujeres detenidas provienen en su mayoría de Centroamérica y cruzaron la frontera durante el pasado año fiscal, en una oleada de indocumentados que provocó la decisión del Gobierno de reabrir estas instalaciones con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.
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