Una de las principales divisas con que todo gobierno democrático debe contar es la credibilidad. Particularmente en lo relativo a la evaluación de las instituciones y las expectativas que los ciudadanos se hacen de ellas. La credibilidad está vinculada con la confianza y con la veracidad. En otras palabras: creo, no porque me digan lo que quiero escuchar, sino porque tengo la confianza de que lo que me dicen es veraz. Lo anterior cobra particularmente relevancia respecto de las instituciones creadas por el Estado mexicano con la misión de garantizar la seguridad ciudadana. Un tema sensible y que se encuentra agudizado en algunas entidades federativas como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Morelos, entre otras.
El 11 de julio pasado, la Comisión Nacional de Seguridad informó en apenas 144 palabras que uno de los delincuentes se había fugado del Penal Federal del Altiplano I. Al margen del delincuente y que no es la primera vez que se fuga de un penal federal, llama la atención que el hecho sucedió en una de las cárceles de máxima seguridad, con sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos como: circuito cerrado de televisión, paredes reforzadas con 1 metro de espesor, control de accesos, alarmas , detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia y telefonía, personal humano y, en suma, toda la infraestructura para evitar hechos como el ocurrido.
En la primera fuga no se tuvo información de las causas y los responsables de la misma. Nunca hubo explicaciones de las razones y los medios utilizados. En esta ocasión dudo mucho que ocurra algo diferente. Por ello, el mayor daño que se ocasiona el Estado Mexicano es la falta de credibilidad. Lo cual no es menor.
Néstor Vargas Solano*Ex presidente del IEDF
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