RITA MAGAÑA TORRES
El PVEM no sólo viola sistemáticamente la Ley Electoral, sino que vulnera a niños y jóvenes del país al usar información personal para la entrega de “kits escolares” por medio de servicios de paquetería, con la intención de promover el voto a favor de este partido, denunció el senador Mario Delgado.
Afirmó que con estas acciones el Partido Verde viola la esfera de derechos indisponibles de los menores entre los que se encuentran la identidad, la intimidad y la privacidad.
“Pero lo más grave es que intervienen los derechos de los menores que por mandato constitucional y por ley, deben ser protegidos en todo momento de cualquier injerencia garantizando sus derechos como lo plasman los artículos 1º y 4º de la Carta Magna, que establecen la obligación del estado mexicano de velar y cumplir el principio de interés superior de la niñez”, señaló.
Indicó que si bien no se conoce la fuente precisa de la que provinieron los datos personales de los menores de edad, es claro que por su condición de estudiantes del sistema educativo nacional, una de las fuentes inmediatas que pudieran poseer dicha información, son las autoridades educativas.
Por ello, consideró necesario instar a la Secretaría de Educación Pública Federal para que garantice que las bases de datos que los planteles educativos poseen, no sean utilizadas de manera indebida y se proteja el derecho a la privacidad de los estudiantes menores de edad, apunta el senador.
Agregó que nuestro país ha firmado acuerdos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño que en sus artículos 8.1, 16.1 y 16.2, nos comprometen a preservar y proteger la identidad, el nombre y las relaciones familiares, de injerencias ilícitas, arbitrarias e ilegales.
El presidente de la Comisión del Distrito Federal añadió que el uso indebido de datos personales de menores de edad por parte del Partido Verde, obliga a que las instancias competentes realicen indagatorias para deslindar responsabilidades.
Además, afirmó que se inicien los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, y en su caso, se cite a los funcionarios responsables por acciones u omisiones que transgreden a las leyes y violentan flagrantemente los derechos humanos.
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