El Instituto Nacional Electoral ha impuesto una multa de 322.4 millones de pesos al Partido Verde (así llamado) por haber recibido aportaciones ilegales en especie. Tales aportaciones fueron spots de televisión que se pagaron con recursos públicos procedentes de los grupos parlamentarios de ese partido en el Congreso federal. Hasta aquí las cosas están claras pues el PVEM reconoció los pagos y el Tribunal Electoral, en sentencia, consideró que los spots no habían sido publicidad de informes de labores de los legisladores sino propaganda política de ese partido. Incluso, ese mismo tribunal le ha impuesto a las televisoras una multa de dos millones de pesos por haber realizado actos contrarios al sistema de comunicación política que señala la Constitución del país.
El problema subsistente consiste en que la queja presentada por el PRD en contra del Partido Verde (así llamado) no sólo abarcaba la ilegalidad de las aportaciones en especie de los grupos parlamentarios sino también aquellas provenientes de las televisoras (Televisa y Azteca) por haber cobrado tarifas bajas e inexistentes al PVEM, lo cual es una forma de aportar en especie según el derecho electoral. Sin embargo, el INE se negó a mantener abierta esa parte de la queja del PRD y, al resolver la multa de los 322.4 millones de pesos, dejó sin investigación y, por tanto, sin sanciones los actos ilegales consumados por las televisoras en ayuda del Partido Verde (así llamado).
En efecto, Televisa colocó 1 778 spots y cobró en promedio 26 776 pesos por cada uno, mientras Azteca emitió 2 274, con una tarifa promedio de 20 956 pesos, todos ellos en cadena nacional, es decir, retransmitidos por los canales de ambos consorcios para alcanzar 239 mil 286 impactos contados por el INE en todo el país. Estas tarifas no existen en la realidad, sin embargo, una mayoría mínima de consejeros del INE las da por buenas con el falso argumento de que el Tribunal Electoral se basó antes en las facturas emitidas por ambas empresas como elementos probatorios de la compra-venta de los spots, pero nunca como demostración de las tarifas comerciales verdaderas de los mismos. Los casi 106 millones pagados por los grupos parlamentarios del PVEM hubieran sido dos mil 720 millones si tomamos en cuenta las tarifas publicadas en internet por Televisa y calculadas de otras formas en cuanto a Azteca, todo lo cual consta en el expediente pero sin haber sido tomado en cuenta por los seis consejeros que, una vez más, quieren perdonar a las televisoras sus graves violaciones a las leyes del país.
Ahora bien, según la Constitución (transitorios del decreto de reformas sobre telecomunicaciones) y la ley de la materia, las televisoras y radiodifusoras deben tener una lista de tarifas mínimas. Esto se debe a que, como se trata del uso de un bien de dominio de la nación concesionado a particulares, es necesario impedir que los tiempos de publicidad sean vendidos a bajísimo precio a los amigos o a partes relacionadas con las empresas concesionarias con lo cual se crearían condiciones de competencia ventajosa para algunos anunciantes. Bueno, las tarifas mínimas deben ser dadas a conocer por los concesionarios mientras el Ifetel debe llevar el registro de las mismas. Nada de eso
parece estar ocurriendo en la realidad a pesar de lo que señala la maltratada Constitución del país.
El INE puede inquirir las tarifas mínimas, compararlas con lo efectivamente pagado por el Partido Verde (así llamado) y listo: tendremos una diferencia que nos indicará la cantidad aportada por las televisoras (en especie) al PVEM. ¿Por qué no lo hizo el INE a partir de enero de este año cuando el PRD presentó la queja? La respuesta es muy sencilla: porque no quiso. Aquello de que en México existen poderes fácticos no es una frase de propaganda política de pocos sino una realidad que afecta a muchos. Las televisoras son intocables y cuando se les toca ya vemos lo que ocurre: multa de dos millones entre todas por haber conspirado contra la Constitución. Eso da risa pero más le ha de dar a los dueños de los consorcios de la televisión mexicana.
Veremos lo que al respecto dice el Tribunal Electoral. No estoy optimista pero tengo derecho a soñar.
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