ARTÍCULO 19
El pasado viernes 1 de mayo, aproximadamente a las 19:30 hrs. en Colima, la periodista Gabriela Vives recibió una amenaza por medio de una llamada a su teléfono particular, en la que le advirtieron: “Síganle tirando mierda a Nacho, no son nadie y cuando sea gobernador se los va a cargar la chingada a ti y al chaparrito hocicón, no saben con quién se meten”. Por lo que contactaron a ARTICLE 19 para fortalecer su protocolo de seguridad.
Gabriela Vives y José Luis Guzmán Monroy son periodistas de MVS Radio que informaron sobre la opacidad del manejo de recursos públicos durante el encargo de José Ignacio Peralta como presidente municipal de Colima en el periodo 2009 – 2012. Asimismo, destacaron que el perfil de este funcionario ha decrecido en las encuestas como candidato del PRI a la gobernatura del estado de Colima.
En entrevista con ARTICLE 19 los periodistas informaron que el día 1 de mayo, se dieron diversos hechos de violencia en la República, por lo que difundieron los vínculos que guardan autoridades de Colima y Jalisco con el cartel “Jalisco Nueva Generación”, así como de la probable responsabilidad de Aristóteles Sandoval, actual gobernador de Jalisco, y José Ignacio Peralta, por los hechos de violencia ocurridos.
Al respecto, el fin de semana pasado, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato fueron blanco ataques de violencia en los que se supone la participación de grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con notas de diversos medios nacionales y locales, se registraron bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, comercios y gasolineras incendiados, e incluso se derrumbó un helicóptero militar. Esta ola de violencia dejó al menos 35 policías y militares muertos.
ARTICLE 19 enfatiza que las condiciones para ejercer periodismo en el país, particularmente sobre temas de seguridad y corrupción, siguen degradándose. Esta situación se ha agravado en la coyuntura electoral, por lo que hacemos una exigencia a las autoridades competentes a que enfoquen sus esfuerzos en ejercer sus facultades, para proteger e investigar estos delitos, así como en garantizar los derechos democráticos de la ciudadanía.
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