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Candidatas a diputadas locales y federales por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) firmaron un acuerdo con grupos civiles, para comprometerse a legislar contra la violencia feminicida, sancionar la demanda de la explotación sexual comercial, y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.
Entre las firmantes están las candidatas a la Asamblea Legislativa del DF Evangelina Hernández Duarte (coalición PRD-PT); Sulma Eunice Campos Mata (PRD); y Yakiri Rubí Rubio Aupart (MC), quien en diciembre de 2013 fue encarcelada y acusada de asesinar al hombre que la violó sexualmente.
Asimismo, se sumaron las candidatas por el PRD a la Cámara de Diputados Cecilia Olivos Santoyo, Ariadna Montiel Reyes y Ernestina Godoy Ramos. Durante la firma del compromiso se enfatizó en la necesidad de legislar contra la trata de personas.
El encuentro fue organizado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés); el Centro de Documentación e Investigación sobre Mujeres en Situación de Prostitución y Trata “Josephine Butler”, y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Las candidatas se comprometieron con las defensoras de los derechos de las mujeres a impulsar un modelo que sancione la demanda de la explotación sexual comercial; y a mantener los fondos que prevé la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Las abanderadas también señalaron que la impunidad en los asesinatos de mujeres es resultado de la falta de la debida diligencia en las investigaciones, y fallas u omisiones del personal judicial que además culpa a las víctimas de provocar la violencia contra ellas, por lo que a través de su eventual trabajo legislativo –dijeron– buscarán reducir la violencia y el feminicidio.
Aunque no precisaron los mecanismos para cumplir este objetivo, en el documento firmado se señala que las candidatas tomarán todas las medidas necesarias para que las autoridades cumplan con su deber de actuar con la debida diligencia, y garantizar el acceso a procesos justos, tanto para las víctimas del delito como para aquellas acusadas de cometer un crimen.
En general, las mujeres políticas dijeron que van a promover políticas públicas para garantizar la vida, integridad y seguridad de periodistas y defensoras de Derechos Humanos; impulsar mecanismos de exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; no privatizar los recursos naturales; y etiquetar fondos para programas dirigidos a cerrar la brecha entre mujeres y hombres.
En otro tema, las seis abanderadas dijeron que buscarán elevar a rango constitucional los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, en particular el derecho a decidir libremente sobre la maternidad, y con ello promover la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, como ocurre en el Distrito Federal desde 2007.
Es de resaltar que este es el primer proceso electoral en el que los partidos postularon a 50 por ciento de candidatas para ocupar una diputación federal o local, por lo que se prevé que haya más mujeres en los congresos, aunque a decir de organizaciones civiles esto no significa que, una vez en el poder, legislen necesariamente a favor de los derechos femeninos.
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