ERNESTO ZAPATA
A nueve meses del operativo realizado por la PGR en el albergue La Gran Familia, de la ciudad de Zamora, Michoacán, las 536 personas –en su mayoría menores de edad— que fueron “rescatadas” se encuentran dispersas en varias entidades de la República.
El 16 de julio del año pasado, la PGR, con apoyo del Ejército y de la Policía Federal, realizó un operativo en el citado albergue, que era dirigido por Rosa Verduzco, una señora de 80 años de edad conocida popularmente como Mamá Rosa.
El entonces procurador, Jesús Murillo Káram, informó que el operativo se realizó con base en diversas denuncias en el sentido de que los niños que vivían en el albergue recibían malos tratos, habitaban en condiciones insalubres y muchos de ellos eran explotados laboralmente.
Tras el operativo, la PGR “rescató” a 536 personas, de las cuales 368 eran menores de edad y 168 eran adultos.
Los responsables del albergue, entre ellos Mamá Rosa, fueron detenidos, pero ante las protestas de diversos activistas y de figuras públicas, y ante su delicado estado de saludo, la octagenaria fue dejada en libertad.
En días pasados, la PGR envió a la Cámara de Diputados un oficio en el que informa del destino de las personas “rescatadas” del albergue La Gran Familia.
Los rescatados fueron distribuidos de la siguiente forma: 53 fueron enviados al DIF de Jalisco; 52 al del estado de México; 14 al de Guanajuato; 24 al DIF Nacional; 9 al de Durango; 6 al de Sinaloa; 5 a de Coahuila; 3 al de Tamaulipas; 4 al de Querétaro; 7 al de Guerrero; 2 al de Baja California; 2 al de Puebla; y a los de Nayarit y Tabasco uno a cada uno.
Además, 96 fueron entregadas al DIF de Michoacán; 2 al de Morelos; 11 fueron llevados a un hotel de la ciudad de Morelia; 6 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 190 a la PGR.
Las restantes 48 personas fueron llevadas albergue de la asociación Ayuda y Solidaridad con los Niños de la Calle, IAP, de donde posteriormente fueron canalizadas a otros lugares.
Las mujeres con discapacidad mental o psicosocial fueron canalizadas a la Fundación Estancia Sagrado Corazón de Jesús, IAP, localizada en Topilejo, delegación Tlalpan del Distrito Federal.
A los hombres con discapacidad mental o psicosocial se les canalizó a la Casa Hogar y Centro de Discapacitados de Amecameca,IAP, ubicada en el estado de México,.
Las mujeres de entre 17 y 22 años fueron canalizadas a Casa Hogar de la Santísima Trinidad, IAP; Fundación Dar y Amar, IAP; y Asociación para la Defensa de la Mujer, IAP, donde se les ha apoyado para conseguir trabajo, capacitarse y continuar sus estudios.
Dos mujeres y las dos pequeñas hijas de una de ellas, fueron trasladadas a la Casa de la Mamá Soltera. La más pequeña ha estado enferma e internada en el Instituto Nacional de Pediatría. A ella se le ha dado apoyo y seguimiento en coordinación con la CEAV y la organización de la sociedad civil Y Quién Habla por Mí.
Los jóvenes (hombres y mujeres) de entre 22 y 30 años fueron enviados a la Casa de los Muchachos y la Casa de las Muchachas, ubicadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Los jóvenes con enfermedad mental fueron enviados al Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza.
Un niño con discapacidad visual fue canalizado a la Casa Hogar para Varones Amanecer y se contempla que asista a la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales.
Varios jóvenes de entre 18 y 22 años se canalizaron a Mensajeros de la Paz, IAP, donde en coordinación con la PGR y la CEAV se les ha apoyado para conseguir trabajo, capacitarse y continuar los estudios.
Algunos y fueron reintegrados a su medio social o familiar, después de haber sido localizados algunos familiares.
Algunas de las personas rescatadas han sufrido crisis emocionales, por lo que han sido cambiadas de institución, y cuatro de ellas fueron internadas temporalmente en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino.
Algunos de los jóvenes enviados a Mensajeros de la Paz empezaron a reproducir ahí las condiciones de maltrato que habían sufrido en el alberque de Mamá Rosa, por lo que se llevan a cabo sesiones de mediación una vez a la semana.
En el oficio enviado a la Cámara de Diputados, la PGR no se refirió a la situación jurídica de las personas que el día del operativo quedaron en calidad de detenidas.