AGENCIAS
De acuerdo con la comisión de delitos, la pena para los responsables de esclavizar a una joven en una tintorería del Distrito Federal podría alcanzar hasta 70 años de cárcel, afirmó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
«No es un tema de explotación laboral, es un secuestro, es una privación ilegal de la libertad, donde además de eso se explotaba a la persona que se tenía sometida, y eso es un delito que tiene penas de hasta 70 años de cárcel», subrayó en entrevista.
El funcionario sostuvo que en casos específicos como éste, la dependencia a su cargo puede actuar mediante las denuncias que reciba, y a otra escala, verificar que en centros de trabajo no se someta a las personas a estas prácticas.
«Donde tengamos datos, vamos a entrar en las facultades administrativas que tiene la Secretaría, pero facultades por la gravedad de este asunto las tiene el Ministerio Público cuando está investigando delitos, y nosotros colaboramos y apoyamos en lo que se nos ordene», puntualizó.
Aclaró que este asunto compete atenderlo a las autoridades judiciales, en particular a las procuradurías de Justicia, a la de la ciudad de México, específicamente, la cual deberá actuar y procurar todo el castigo que la ley prevé en estos casos.
Cabe destacar que el 26 de abril, la Procuraduría capitalina rescató a una joven que permaneció por más de dos años encadenada en una tintorería de la ciudad, en donde la obligaban a planchar ropa durante jornadas excesivas de trabajo.
Por otra parte, Navarrete Prida insistió en que el tema de los jornaleros de San Quintín, Baja California, quienes realizan un boicot comercial en contra de los alimentos que se producen en la región, es un asunto del gobierno estatal.
Explicó que la dependencia a su cargo ha estado en comunicación sobre el tema, incluso con la Organización Internacional del Trabajo, y refirió que si bien es importante el tema del salario que le pagan a los trabajadores, es más importante atender las condiciones generales en las que se encuentran.
«Esto es de lo que estamos hablando, que sean empleos formales, que donde estén comiendo sean lugares salubres, que no se tenga trabajando a niños, que donde duerman no sea donde la gente esté hacinada y que no se les descuente como si fuera una lista de raya», apuntó.
Alfonso Navarrete afirmó que también se ha trabajado con la Secretaría de Desarrollo Social en un programa para ver si se pueden poner comedores comunitarios en este sector de la producción, cuyo costo lo absorba el patrón mediante un pago de derechos.
«Estamos teniendo contacto con organizaciones civiles, mucho contacto con gobiernos estatales, con empresarios, con cámaras empresariales y los casos graves, como los que han sucedido y algún otro que daremos a conocer en breve; hay que señalarlos, sancionarlos y actuar en consecuencia», apuntó.
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