RITA MAGAÑA TORRES
El Senado, en comisiones, aprobó el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de legislar en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada e involuntaria de personas, y desplazamiento de personas.
Los senadores que integran las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Estudios Legislativos avalaron la reforma para que las Cámaras de Diputados y Senadores puedan legislar en la materia y que este jueves será llevada al pleno senatorial para lograr su aprobación.
Establecieron en el régimen transitorio de la reforma que el Poder Legislativo expedirá dichas leyes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor este decreto.
Indicaron que las leyes actuales tendrán vigencia hasta en tanto el Congreso de la Unión expide las legislaciones referidas, mientras que los procesos penales y las sentencias ya emitidas no serán afectados por la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos generales.
Tomaron en cuenta diversas iniciativas que fueron presentadas en el Senado de la República por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, quienes señalaron que la desaparición forzada de personas es un delito que constituye una violación múltiple a los derechos humanos.
Manifestaron que es impostergable tomar medidas contundentes para que este delito se encuentre adecuadamente previsto en el ordenamiento legal y sustentar su adecuada prevención.
Estén ordenas las acciones de la autoridad para su investigación, el establecimiento de responsabilidades penales que procedan y sanciones adecuadas a quienes perpetren esta conducta ilícita.
Subrayaron que estas conductas requieren de un orden constitucional que permita al Congreso expedir una ley general para establecer concurrencia y coordinación de los tres órdenes de gobierno, pues en estos delitos se encuentran involucrados servidores públicos y autoridades.
Se señala que debido a los compromisos internacionales, contraídos por el Estado, es importante que en la Carta Magna se sustente la competencia del Poder Legislativo para dotar de un ordenamiento que homologue la descripción de la conducta acreedora de pena y las sanciones imponibles.
Además, las medidas para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de estos delitos, teniendo en perspectiva los derechos de las víctimas y los ofendidos.
Respecto al delito de tortura, se explica que México ha asumido obligaciones en diferentes instrumentos internacionales para combatir este problema.
Por ello, es importante que adopte todas las medidas legislativas inherentes a la prohibición, prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de las conductas prohibidas en dichas convenciones.
La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar los tipos penales y las sanciones -como mínimo-, sin demérito de otras previsiones propias en materia.
Lo anterior, se agrega, tiene como fin prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, pues menoscaban derechos fundamentales de las personas relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales.
Al respecto, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que con esta reforma se establecen condiciones para trabajar en leyes generales, a fin de unificar en el país el tipo penal de ambos delitos.
Actualmente en los estados hay una interpretación distinta que no siempre es acorde a lo que señalan los tratados internacionales, agregó.
Explicó que en el caso de México aún no existe con toda precisión cuáles son las características de la desaparición de personas, pues algunas se realizan por agentes del Estado, otras por particulares o el crimen organizado, mientras que unas son voluntarias.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, comentó que se trata de una de las reformas más importantes que se han realizado en materia de derechos humanos en la actual Legislatura, ya que responde a un reclamo social y de organismos internacionales.
Además de que asume los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las conductas de desaparición de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, indicó.
En tanto, Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que con esta modificación se cierra “un ciclo virtuoso” en el que se trabajó en consenso a partir de 22 iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Senadores sobre estos temas.
Destacó que el dictamen incorpora la visión, el interés, el compromiso de los senadores “en un tema que indudablemente era menester” y para reconocer una realidad para deberá ser acotada y sancionada severamente con las nuevas leyes que se generarán.
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