RITA MAGAÑA TORRES
El vicepresidente del Senado, el panista José Rosas Aispuro Torres, propuso reformas a los artículos 7 y 54 de la Ley General de Educación, en materia de infraestructura educativa, a fin de garantizar el desplazamiento de las personas con discapacidad motriz.
Consideró necesario que todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con la educación cuenten con instalaciones adecuadas para la integración plena de las personas con incapacidad motora o que tiene dificultades para caminar.
Vivir es su derecho y que vivan mejor nuestra responsabilidad como legisladores, remarcó.
Aispuro Torres señaló que más de mil millones de personas en el mundo entero viven con alguna forma de discapacidad, siendo éste el dato más reciente publicado en 2013 por United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Detalló que, según el censo realizado por el INEGI, en 2010 existían en México 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo cual representa el 5.1 por ciento de la población total del país.
En México, continuó, de las personas que presentan alguna discapacidad, 49 por ciento son hombres y 51 por ciento mujeres; de ellos, el 58.8 por ciento tiene una discapacidad motriz y el 8.5 por ciento una discapacidades mentales.
Cualquier institución educativa, ya sea pública o privada y sin importar el nivel educativo, debe contar con rampas para sillas de ruedas, elevadores o rampas de acceso, baños amplios con barras para apoyo y lavabos a una altura utilizable para estas personas, expuso.
El legislador por Durango refirió que en la actualidad son muy pocas las instituciones que cuentan con facilidades para estas personas, lo que puede provocar fracturas y en casos extremos la muerte, al intentar subir un piso y caer.
“Por ello se requiere prevenir y, al mismo tiempo, garantizar que se desplacen con toda seguridad dentro y fuera de un aula”, precisó.
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