CIMAC NOTICIAS
Las defensoras de las organizaciones Bios Iguana y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, ubicadas en el estado de Colima, recibieron un mensaje intimidatorio, por lo que pidieron garantías para realizar su trabajo a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
El lunes 2 de marzo las defensoras se percataron de una muñeca amarrada a un poste de la comunidad de Zacualpan, municipio de Cómala, con el nombre de la activista Esperanza Salazar, escrito en letras rojas, por lo que consideraron que se trata de un “claro mensaje” de intimidación, e incluso para “atentar” contra la integridad física de la defensora.
Asimismo, en días recientes la activista Dilva Uliceht Peña Velázquez fue acusada por otra persona de ser la responsable de llevar a las manifestaciones a las y los activistas que se oponen al proyecto minero que se instalará en la zona, además de que fue señalada de que sería la responsable “de la sangre que corra en este pueblo”.
Bios Iguana es una organización que acompaña el trabajo del Consejo Indígena que desde octubre de 2014 inició la defensa de su territorio y su derecho a la consulta, al oponerse al proyecto minero en las tierras comunales de Zacualpan, que afectaría a unas tres mil personas, 200 hectáreas y la biodiversidad y agua del lugar.
Ante ello, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los hechos que, dijo, están relacionados con la labor en defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, particularmente por la defensa del territorio de la comunidad nahua de Zacualpan, en el municipio de Cómala.
De acuerdo con la red, desde noviembre de 2013 las activistas de estas organizaciones enfrentan una campaña de difamación y desprestigio por su labor, por lo que interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHColima) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No obstante continuó la campaña de difamación, desprestigio y calumnias por medio de letreros, mantas y cartelones en la comunidad; así como en descalificaciones en medios de comunicación.
Las 172 defensoras de la Red exigieron a las autoridades federales y locales que se implementen medidas de seguridad para las activistas, a fin de que puedan ejercer su derecho a defender los Derechos Humanos en condiciones de libertad, dignidad y seguridad, y que se investigue y castigue a los responsables de las agresiones.
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