Simojovel, infierno en las entrañas chiapanecas

A poco más de 20 años del levantamiento zapatista, Chiapas sigue padeciendo las mismas tragedias humanas, que lo colocaron en 1994 enlas ocho columnas de periódicos nacionales e internacionales.

Tal como en aquellos años que Chiapas era el estado más pobre del país, con el mayor grado de analfabetismo, en donde los civiles ganaban dos o menos salarios mínimos, y los indígenas y campesinos eran asesinados y/o despojados de sus tierras, en la actualidad sin cambio alguno, dichas problemáticas siguen siendo parte de la vida cotidiana de la población del sur de México.

“La maldad humana y la dureza del corazón, en Simojovel, Chiapas no tiene límites. Hablar de este municipio, ubicado en la zona alta de la última frontera de México, es hablar de intolerancia, vejaciones, amenazas y asesinatos. Todo ello no sólo con el conocimiento de las autoridades municipales y estatales, sino con su protección, que dan paso a la impunidad”, comenta el activista Israel Salinas.

En la zona norte de Chiapas, Simojovel es escenario de una lucha civil, en donde los ciudadanos afectados buscan la seguridad de su territorio de forma pacífica, en contra de grupos delictivos y políticos que producen una sistemática violación de garantías individuales, y de los derechos humanos.

Los testimonios de los pobladores narran memorias sobre alcoholismo, drogadicción, prostitución forzada, asaltos, asesinatos, grupos delincuenciales, tráfico de armas, producción y distribución de drogas, robo de ganado, extorsión, amenazas, ofertas de 150 a 400 mil por la “cabeza del cura”, secuestros, corrupción de las autoridades, inseguridad e impunidad, realidad que representa su territorio desde hace varios años.

“En la comunidad existen grupos armados, encabezados y protegidos por políticos pertenecientes al PRI y el PVEM. Denunciar y exigir al gobierno de Chiapas el poder vivir en un ambiente de paz y seguridad, ha provocado que hayamos sido amenazados de muerte, incluido el padre Marcelo Pérez Pérez, quien encabeza el movimiento Pueblo Creyente”, declara Salinas.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez comenta, “cuando dicen que Chiapas es un estado seguro, preguntamos ¿dónde está la seguridad?, si aquí estamos miles diciendo que nuestras vidas están en peligro por los narco políticos, en nuestra comunidad vive la familia Gómez Domínguez, quienes tienen relación con grupos armados, protegido por ser políticos del PRI y el PVEM. Cada día que pasa la situación va empeorando, a causa de la corrupción de autoridades que han dejado de servir y proteger al pueblo”.

En 2012 iniciaron las muestras de desaprobación del alcalde priista Juan Gómez Domínguez, “dimos paso a las denuncias contra el presidente municipal por los atropellos de autoridad y su falta de escrúpulos en el desempeño de la misma, entonces se intensificaron los ataques hacia los que pedíamos justicia”, afirma Jesús, un integrante del movimiento Pueblo Creyente.

Y agrega que Simojovel es una comunidad dominada por la familia del ex presidente municipal, calificados como “caciques”, dado a que tanto el padre como sus hermanos del líder priista, han ostentado cargos políticos u ocupado en alguna ocasión la presidencia municipal. “Todos ellos han sido corruptos y explotadores de los que menos tienen, usando su poder para ultrajarnos”.

“Han pasado casi cinco años desde que Simojovel se ha convertido en una ‘tierra sin ley’, esto provocado por la complicidad de las autoridades municipales, con grupos delictivos. El actual alcalde que ganó por la alianza PRI-PVEM, Javier Guzmán Hernández, ha permitido toda clase de violaciones a la ley, principalmente la proliferación de cantinas, en donde es común la falta de respeto a un horario de apertura y cierre, ya que abren a las ocho de la mañana y cierran pasadas las 12 am con la música a todo volumen y los gritos de quienes asisten a este tipo de sitios, hasta la nula sanción a las cantinas, donde laboran menores de edad”, argumenta Salinas.

Explicando que “la violencia se ha incrementado, debido a los diversos grupos delictivos que no respetan a nadie en la zona. Las amenazas son diarias y tienen ubicados a quienes alzan la voz, además de prostíbulos clandestinos, la prostitución forzada ha proliferado, bajo la complacencia del edil, porque algunos dueños de esos negocios se burlan diciéndoles a los pobladores que no cerraran porque le pagan ‘cuota’ a Guzmán Hernández”.

“Vivimos asolados y con miedo, han habido enfrentamientos en municipios vecinos, quienes nos han informado que la banda delictiva Los diablos, pretenden venir a callarnos a nosotros. Los Diablos son contratados por autoridades municipales e incluso las estatales para ‘poner orden’, a quienes buscamos justicia”, comenta Jesús.

Los Diablos es un grupo paramilitar que nació en 2008, quienes se mantuvieron, según comenta Jesús, al servicio del ex presidente municipal Enoc Díaz Pérez, y que al día de hoy sigue operando libremente en varios municipios de la zona norte de Chiapas.

El pasado 10 de marzo en el municipio de Chapayal, se dio un enfrentamiento entre dicho grupo delictivo y civiles, donde cuatro personas perdieron la vida, sin que las autoridades intervinieran. Con lágrimas que rodean su rostro, y la voz entrecortada Jesús afirma, “los habitantes de la comunidad viven bajo amenazas del grupo paramilitar y lo que es peor, amenazas del gobierno del estado, de que serán detenidos por agresión a los Diablos”.

“Bajo la protección del gobierno estatal los Diablos piden hasta 30 mil pesos mensuales para poder tener acceso a las carreteras y no ser asesinados. La protección que le da Velasco Coello es tanta que después de las muertes en Chapayal, se declaró que fueron producto de un enfrentamiento, por un conflicto entre dos comunidades. Cínico e inhumano Manuel Velasco habla de ser ‘cercano a la gente’, una frase de campaña que pronuncia cada vez que necesita más fotos que pegar en cada calle de Chiapas”, comenta.

Desde 2008 hasta 2015 una serie de asesinatos, secuestros y diferentes actos delictivos, han sido perpetrados por Los Diablos, en los poblados de Bochil, Simojovel, Chapayal y recientemente Pueblo Nuevo. “Los habitantes de Chapayal, reciben amenazas y quienes se han atrevido a enfrentar a estos grupos, han sido detenidos, mientras que el grupo paramilitar sigue operando con toda impunidad”, declara Jesús.

El 18 de marzo pasado un grupo de familias se vio en la necesidad de salir de la comunidad Cerro Blanco, esto debido a que el grupo paramilitar mediante un emisario exigió la cantidad de 100 mil pesos por derecho de paso.

Armando Díaz Hernández, representante de los desplazados afirmó “son aproximadamente 25 niños y 16 mujeres, 12 familias que tuvieron que abandonar sus hogares, por la ingobernabilidad que existe propiciada por Los Diablos. Las amenazas y actos delictivos se han intensificado, porque en estos momentos la misión principal del grupo armado, es imponer un candidato a modo, en las próximas elecciones imponer un candidato a modo en varias comunidades”.

“Muy poca gente se preocupa por lo que está pasando en Chiapas. Es una mentira absoluta que el estado sea seguro, nuestro territorio se está michoacanizando, está pasando lo que sucedió al principio en aquel estado. La penetración de grupos delictivos que sometían a la población. Y aquí las autoridades parecen protegerlos; Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario de Gobierno de Manuel Velasco, días antes que se produjera una matanza en el municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán, colindante con Simojovel, se reunió con esos asesinos que llevan el nombre de los Diablos, quienes no son más que crimen organizado coludido con el gobierno municipal, diputados y el gobierno del estado. Después de ello, hubo otra balacera, por el reclamo del pueblo de Simojovel ante esa masacre”, explica Fierros Canseco.

El 19 de diciembre de 2014, en aquella región fueron asesinados 12 activistas, dedicados a la defensa de los Derechos Humanos de varias de las comunidades de la zona norte de Chiapas. Romeo Montejo López, hijo de Celestino Montejo Díaz, quien murió en aquella masacre, explicó “fueron asesinados por los Diablos, el grupo paramilitar ligado en un principio con el ex alcalde (ahora detenido), Enoc Díaz, sin embargo los integrantes de la banda siguen libres, mientras mi familia vive bajo las amenazas de éstos”.

El activista Alberto Galindo García afirma, “las familias de las víctimas no cuentan con protección, obtenerla es imposible, porque el secretario de gobierno de Chiapas, da protección a tales grupos paramilitares. Nosotros vemos que es el secretario de gobierno del estado de Chiapas que sigue sosteniendo y auspiciando este tipo de grupos de corte paramilitar en la capital del estado”, dijo.

“Manuel Velasco Coello ha sido informado en varias ocasiones de las muertes, del aumento de las hostilidades y como los campesinos que buscamos paz hemos sido asechados, y aún con eso, la respuesta fue remover al equipo de seguridad que resguardaba a las familias de los asesinados en diciembre. El ambiente en nuestra región es trágico, no sabemos si mañana seguiremos vivos o entraran a nuestras casas a ultimarnos, inocentes e ingenuos pedimos ayuda al gobierno del Estado y no hubo respuesta, imposible si su secretario de Gobierno es cómplice, Velasco no puede ser ingenuo y no saberlo”, afirma José Francisco, habitante de Simojovel.

“De Velasco Coello nada bueno puede esperar un pueblo al que buscan desaparecer a diario, este gobernador es un mediocre y nefasto con ínfulas de grandeza, que usa al pobre, para escalar y llegar a la silla grande”, dijo.

Por su parte el colectivo Las Abejas de Acteal, se pronuncian afirmando que “el alcohol es uno de los factores de control, pero, también los programas gubernamentales como: Prospera, Procampo y despensas escolares, por mencionar algunos, que condicionan a los pobladores amenazados a callar”.

Y aseguran “para nosotros los pacifistas, el sistema capitalista neoliberal, es un monstruo destructor y criminal, porque cuando una comunidad, un pueblo creyente, una organización, critica y desobedece leyes injustas; es reprimido, encarcelado, secuestrado, desaparecido y asesinado, tal como hoy sucede en zonas como Simojovel”.

Agregando “el monstruo destructor y criminal del sistema capitalista neoliberal, sólo funciona con el servilismo de Manuel Velasco Coello, Peña Nieto y el Estado Mexicano; sin dejar de mencionar al Ejército Mexicano y partidos políticos como PRI, PAN, PRD y PVEM”.

A inicios de 2014 el Movimiento del Pueblo Creyente, tomó mayor relevancia, apoyado por el párroco Marcelo Pérez Pérez, denunciaron puntualmente el tráfico de armas y drogas, actividades delictivas que con frecuencia pasan desapercibidas por las autoridades, ya que han dejado en el olvido el territorio, y siendo zona selvática resulta más fácil desarrollar dichos delitos.

Cuando el movimiento tomó mayor fuerza y presencia, integrantes de éste descubrieron que los priistas Juan Gómez (candidato a una diputación por PRI-PVEM) y Ramiro Gómez (candidato a presidente municipal PRI-PVEM), buscaban contratar a un catequista para fungir como espía en reuniones parroquiales. Agregando que Ramiro afirmó: “desde hace meses no tenemos información de lo que hace el sacerdote en sus reuniones, antes teníamos una mujer que entraba en sus asambleas, le pagábamos 75 mil pesos, con su radio y cámara de filmación, pero ya no quiso seguir haciendo su trabajo, ahora queremos que nos hagas este trabajo, te vamos a pagar 50 mil pesos, te vamos a dar tu radio grabadora y tu cámara de filmación”, cuando la persona a la que estaban contratando preguntó ¿para qué quieren hacer esto? Contestó: para obtener palabras del Padre Marcelo, para encarcelarlo o matarlo”.

Los habitantes de Simojovel han pedido la protección del sacerdote, incluso a instancias internacionales, argumentando que han querido contratar a algunos pobladores para que lo maten a cambio de 300 o 400 mil pesos.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez ha afirmado que de llegar a cargos políticos, los priistas Juan y Ramiro Gómez Domínguez, bajo su mando se seguirá manteniendo el negocio del tráfico de armas, drogas, permisos para la apertura de cantinas, sin ninguna revisión, y que en realidad son centros de prostitución y mercado libre para la venta de drogas”.

Ante tales hechos el 4 de noviembre del 2014, Ramiro Gómez Domínguez interpuso una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del párroco Marcelo Pérez Pérez. Y el 25 el sacerdote compadeció, reafirmando que las problemáticas que ha denunciado, tales como cantinas, venta de drogas, prostitución y tráfico de armas, han propiciado amenazas de muerte y han generado la corrupción de las autoridades.

“Simojovel está gobernado por los narcotraficantes, quienes pagan a los campesinos más pobres y más olvidados por el gobierno ciertas cantidades de dinero para que les renten sus tierras y puedan sembrar algún tipo de droga, la situación acontece en los rincones más escondidos, esos donde Velasco no llegará ni en campaña, muchísimo menos su ayuda alimentaria. Los dueños de las tierras no pueden negarse porque o violan a las mujeres de su familia o los matan”, asegura Salinas.

Y agrega “por todos en aquellas comunidades que la marihuana que ahí se cultiva, se oculta entre sembradíos de maíz, plátano, árboles de mango y de nances. De vez en cuando el ejército realiza decomisos, quema de plantíos, bajo un estricto hermetismo, para que ni prensa, ni ciudadanos se enteren que sí, en Chiapas existen cultivos de drogas y Velasco Coello no ha hecho nada para controlar el problema”, asegura Salinas.

La inseguridad y violencia se incrementó para finales de 2014 y parte de 2015 en Simojovel, lo que provocó que a finales de marzo pasado el movimiento Pueblo Creyente, caminara durante 4 días, de su población a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, a exigirle justicia y seguridad a Velasco Coello, así como el cese de las represiones que han padecido por parte de su gobierno.

A su llegada y debido al esfuerzo y al peligro que corrieron durante todo el trayecto realizado de poco más de 240 kilómetros, los más de 15 mil integrantes del contingente, conformado por más de 20 comunidades, tenían el cometido de demandar la presencia de Velasco Coello, de quien pensaron por “consideración” al tiempo recorrido recibiría a una comisión, o por lo menos él mismo saldría y dirigiría algunas palabras a los marchistas. Esto no sucedió. Quien salió de las oficinas del gobierno fue el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien afirmó “el Gobierno del Estado saluda al Pueblo Creyente, los felicito por sus buenas intenciones, protestas y demandas hechas oración, lo que cierra el camino a la violencia. Es obligación de este Gobierno proteger toda manifestación justa del pueblo”.

Y aunque ofreció mantener una mesa de diálogo, a nombre de Velasco Coello, esto al día de hoy no se ha dado y tampoco existen planes para concretar fechas de negociaciones y exposición de problemáticas y posibles resoluciones a la ola de violencia e inseguridad que vive la conocida ‘tierra del ámbar’, Simojovel, Chiapas.

“Somos indígenas, somos pobres, no sabemos leer, pero no somos ignorantes y lucharemos por nuestra tierra, pero también para darle visibilidad a la violencia, corrupción e impunidad, que se viven a diario en Chiapas. Simojovel es solamente un reflejo de lo que está pasando en todo el país, aquí la delincuencia ya está institucionalizada y es quien gobierna en el estado. Seguiremos en nuestra lucha para denunciar la complicidad del gobierno en el incremento de la delincuencia organizada en todo Chiapas”, sentencia Jesús.

A los periodistas que buscan investigar lo que acontece en Simojovel o en algún otro poblado cercano, Jesús les dice siempre: “cuídense, este gobierno es represor, cuídense porque por una nota es capaz de dañarlos, vengan de donde vengan, estén en donde estén, de camino a la grande, él no perdona, ni olvida”.

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