Las empresas mineras negocian con los cárteles instalados en sus zonas de trabajo para poder explorar sus yacimientos, reconoció el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Manuel Reyes.
«Le pedimos permiso a la mafia, a la delincuencia organizada, y estamos en curso (de operar). Las cosas se resuelven pero porque hay negociación por parte de las compañías», aseguró en entrevista con el diario Reforma.
Para el representante, la actuación desde noviembre en el sector minero de la Gendarmería Nacional, división de la Policía Federal que busca fortalecer la seguridad sobre todo en zonas rurales del país, no ha conllevado una mejora «sustancial» en seguridad.
«Se ha avanzado un poco desde el punto de vista de los secuestros y de las extorsiones, no así la cuestión del robo; son los robos de minerales, los robos de equipo, de camiones, en fin, de herramientas y todo lo que concierne a la industria minera», comentó.
A su vez, el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá dijo al medio que los robos de mineral, extorsiones y secuestros de personal en México restarán competitividad a la atracción de inversión extranjera.
«Por supuesto, un incidente como el que pasó el martes influye en las decisiones de las inversiones (mineras)», apuntó.
Estas declaraciones llegan tras la afirmación por parte de la compañía canadiense McEwen Mining, que recientemente padeció un robo de oro por 8,5 millones de dólares en su instalación del estado noroccidental de Sinaloa, de mantener una «buena relación» con los cárteles de la zona, a quienes pide permiso para explorar.
«Los cárteles están activos en esa zona y generalmente hemos tenido una buena relación con ellos», explicó el director general y presidente de la empresa, Rob McEwen, en una entrevista este jueves con la televisión canadiense Business News Network.
Según el directivo, la minera «pregunta» a los cárteles cuándo pueden «ir a explorar».
Hasta el año pasado, las empresas mineras con operaciones en el país invirtieron 41.8 millones de dólares en seguridad privada, según los cálculos de la Cámara Minera de México (Camimex).