AIDA RAMIREZ MARIN
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) brindó ayer asesoría a ahorradores de FICREA S.A. de C.V., para presentar solicitudes de información relacionadas con el presunto fraude cometido en contra de ellos por esa sociedad financiera popular.
Un grupo de afectados se presentó en las instalaciones del IFAI, donde los recibió el coordinador Ejecutivo, José de Jesús Ramírez Sánchez; el coordinador de Acceso a la Información, Adrián Alcalá Méndez, y el director general de Asuntos Jurídicos, Pablo Francisco Muñoz Díaz, a quienes expusieron la necesidad que tener acceso a documentos que ellos consideran fundamentales para el reclamo de su patrimonio.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el Instituto tiene entre sus atribuciones orientar y asesorar a los particulares sobre cómo presentar las solicitudes de acceso a la información.
En este sentido, los funcionarios del IFAI escucharon las necesidades de información planteadas por la comisión de los ahorradores y les indicaron los procedimientos para presentar sus solicitudes a las instituciones en las que ellos presumen existe la información que requieren.
Ramírez Sánchez, Alcalá Méndez y Muñoz Díaz, les explicaron que en caso de que sus solicitudes de información no sean atendidas tienen el derecho a presentar un recurso de revisión ante el IFAI, para que el asunto se analice y resuelva por el Pleno, conforme a la Ley.
En la reunión, los ahorradores comentaron que en el proceso que han seguido, respecto del presunto fraude del que fueron objeto, algunas autoridades han ventilado públicamente sus datos personales, hecho que consideraron indebido.
Al respecto, se acordó con ellos que la Coordinación de Protección de Datos del Instituto les brindará la asesoría correspondiente.
Por otro lado, en lo que fue la sesión del Pleno de este miércoles, el IFAI ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) cancelar del Registro de Menores de Edad los datos biométricos de dos menores.
Esto es, precisó, fotografía, las diez huellas dactilares y la imagen de los iris, luego de que una particular solicitó la cancelación de dichos datos.
Pero se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, debido a la que Segob, en lugar de cancelar o dar de baja la información, sólo le proporcionó las Cédulas de Identidad Personal de los dos menores.
La dependencia argumentó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) no prevé la cancelación de los datos, y que ésta sólo procede cuando los datos personales son inexactos e incompletos.
En este caso, señaló, los datos fueron recabados para integrar el Registro de Menores de Edad, que forma parte del Registro Nacional de Población, y expedir la Cedula de Identidad Personal, de conformidad con Ley General de Población.
En la audiencia celebrada en el IFAI, Gobernación reiteró que la información se recabó de conformidad con la legislación aplicable, y que la base de datos se encuentra bajo su poder y custodia.
Aseguró, que dicha base no se comparte con ningún otro ente, con lo cual está garantizada la protección de los datos contenidos en ella, además de que señaló, la recolección de los datos se hizo, en todos los casos, con autorización previa del padre, madre o tutor.
Al analizar el caso, Acuña Llamas señaló que si bien la Ley Federal de Transparencia no prevé la acción procedimental para hacer efectivo el derecho de cancelación y oposición de los datos, dichos derechos están previstos en el artículo 16 de la Constitución, párrafo segundo.
Y es que el mismo garantiza la protección de los datos personales como un derecho humano, y establece que toda persona está en posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), respecto del tratamiento de sus datos personales.
Puntualizó que si bien los padres o tutores otorgaron el consentimiento para que la Segob recabara esos datos, también lo es que a la luz del ejercicio de los derechos ARCO, están en condiciones de solicitar la cancelación de los mismos.
Acuña señaló que la expedición de la Cedula de Identidad Personal, a cargo de la Segob, fue una iniciativa cuya finalidad consistió en integrar un sistema de identidad único; pero el procedimiento de recolección de datos se interrumpió a finales del año 2012 y principios del 2013, tal y como lo manifestó la Segob.
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