Imagen: Cuartoscuro
CIMAC/Anaís Zamora Vázquez
El dictamen de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado ayer en comisiones del Senado, si bien integró cambios positivos para garantizar el derecho a la información, continúa sin facultar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para que ordene la apertura de expedientes relacionados con graves violaciones a los Derechos Humanos.
Ayer las comisiones dictaminadoras de Anticorrupción, Estudios Legislativos y Gobernación del Senado aprobaron, por unanimidad, el dictamen de Ley General de Transparencia que sería aprobado el próximo miércoles por el pleno del Senado, y luego enviado para su ratificación a la Cámara de Diputados.
Luego de que las y los senadores se vieron obligados a abrir el debate sobre la redacción de la ley –que responde a la reforma de 2014 al artículo sexto constitucional–, ayer las comisiones modificaron algunos aspectos de la iniciativa que fueron marcados como “preocupantes” por organizaciones civiles.
Es así que ahora el proyecto de ley incorpora como sujetos obligados a brindar información a los sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos.
También se ordena la aplicación de la “prueba de daño” para pedir que una información sea clasificada o reservada, es decir, cuando el sujeto obligado se niegue a brindar información por considerar que su divulgación puede causar un daño, debe justificar por qué “la información representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio”.
Un avance logrado es que el artículo 5 determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.
Sin embargo, la propuesta de ley no reconoce la facultad del Ifai para definir la información que esté vinculada con violaciones a los DH, y así ordenar la apertura de expedientes que dependencias o instituciones se nieguen a brindar.
TRANSPARENCIA NECESARIA
En entrevista con Cimacnoticias, Lucía Chávez Vargas, directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que la transparencia es uno de los pilares que puede construir la confianza de la sociedad en las instituciones, así como una herramienta de control sobre las autoridades “que es lo que debe prevalecer en cualquier Estado de derecho”.
Aclaró que al negarse la apertura de expedientes de casos graves de violaciones a DH se limita el escrutinio de la sociedad civil a las autoridades.
Por ello, de no dotarse al Ifai claramente de esta facultad para que pueda intervenir de manera inmediata cuando se limita el acceso a esta información, el proceso que enfrentarían las organizaciones civiles para acceder a los expedientes “podrían ser más largos de los que ahora tenemos”, advirtió Chávez Vargas.
En tanto, el Colectivo por la Transparencia –integrado por grupos ciudadanos como Fundar, Alianza Cívica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental– si bien celebró los logros incluidos en la iniciativa, señaló su “preocupación” en otros aspectos.
Además de la falta de claridad en la facultad del Ifai para intervenir en casos de violaciones a DH, a decir del Colectivo se quitó la atribución del instituto para que ordene a las dependencias generar la información específica solicitada, además de que la obligación de transparentar las versiones públicas sobre declaraciones patrimoniales quedaría sujeta a la voluntad de los funcionarios, entre otros puntos.
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