Técnicamente es difícil tipificar como campaña electoral el despliegue publicitario desplegado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ya sea por los tiempos electorales o por los matices conceptuales que la propia ley establece. Más aún por los precedentes que por estas razones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha permitido que la equidad en las contiendas electorales sea simplemente una buena intención.
En efecto, el PVEM no promueve el voto, no promueve sus candidaturas y tampoco presenta a la ciudadanía las candidaturas registradas (Art. 242 LGIPE). Pero lo que observamos en el Distrito Federal y a nivel nacional es una ostentosa estrategia publicitaria que tiene, para efectos prácticos, un posicionamiento partidista previo al inicio de las campañas electorales, adelantándose con ello a los tiempos electorales y violando en consecuencia el principio de la equidad en la contienda.
La estrategia publicitaria del PVEM observada “hasta en la sopa”: radio, televisión, metro, metrobuses, parabuses, autobuses, edificios completos, espectaculares, tarjetas de descuento, etc. ha sido sancionada por el Instituto Nacional Electoral a más de dos meses después y posterior a que 7 partidos políticos abandonaron la mesa del Consejo General argumentando, entre otras razones, la pasividad del órgano electoral y en particular de la Comisión de Quejas y Denuncias respecto de la propaganda electoral de dicho partido y de ser un instrumento del partido en el poder.
El PVEM actúa de manera racional y económicamente, atendiendo a Bernard Shaw cuando afirmaba que la economía era el arte de sacarle a la vida el mayor provecho posible y a Gary Becker que aplicaba las herramientas económicas para entender los problemas humanos.
El punto de partida de esta perspectiva es que el ser humano está guiado por su propio interés, que busca maximizar su bienestar y que, en consecuencia, es proclive al oportunismo. Es decir, aprovechar las fallas o deficiencias del mercado y de las leyes.
Así, en el análisis costo beneficio del PVEM respecto del despliegue publicitario realizado se encuentran las siguientes variables: 1. La máxima utilidad: incrementar su porcentaje de preferencias electorales; 2. Las probabilidades de que a) la denuncien sus adversarios políticos, b) que la Comisión de Quejas y Denuncias la sancionen, c) que el Consejo General del INE igualmente le sancione y d) Que el
TEPJF ratifique dicha sanción; 3. La naturaleza de la sanción: una amonestación o una multa pecuniaria. Cualquier cosa es nimia para el beneficio esperado.
En suma, el PVEM actúa de esa manera bajo la siguiente fórmula: Beneficio Esperado es igual a la probabilidad esperada de ser efectivamente sancionado y la probabilidad del castigo esperado.
El PVEM es oportunista y aprovecha, racionalmente las siguientes condiciones: 1. Una legislación deficiente en materia de imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Previamente hemos comentado las omisiones del legislador para la regulación del artículo 134 constitucional; 2. Una autoridad administrativa electoral omisa en la supervisión de las condiciones de la equidad en la contienda electoral; 3. Una autoridad jurisdiccional que ha solapado en otros casos conductas que favorecen su posicionamiento electoral como fuerza política aliada del partido en el poder y 4. Una anomia ciudadana que en el peor de los casos es indiferente y, en el mejor, le otorga su preferencia electoral.
¿Será entonces que las demás fuerzas políticas no actúan racionalmente? La respuesta estaría en la “aversión al riesgo”. Es decir, el cálculo que tiene el PVEM a diferencia de otros partidos, respecto de la probabilidad de ser castigado: casi nula; y la severidad de dicho castigo: menor. Si se tratase de otra fuerza política, seguramente el castigo sería la pérdida del registro y no una simple multa económica que, después de todo, es pagada por los propios contribuyentes.
Peor aún será que en el ámbito jurisdiccional dicho multa económica sea anulada, so pretexto de alguna “falta de motivación” o “falta de individualización de la sanción” o cualquier otra que, con fundamento o sin él, en los hechos se exima al partido político de la posibilidad de ser sancionado ejemplarmente y con ello, restituir verdaderamente a la sociedad en el bien jurídico tutelado: el derecho a contar con un sistema democrático equitativo.
¿Qué pasaría si esa conducta desplegada racionalmente por el PVEM fuese seguida por todos los actores políticos? El regreso a la barbarie, a la Ley de la Selva en donde prevalece la ley del más fuerte. ¿Será que eso buscan algunos actores políticos? [email protected]
Néstor Vargas Solano- Ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal
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