APRO
Después de casi dos meses de análisis de las quejas contra el PVEM por actos anticipados de precampaña y campaña, así como de sancionarlo por desacato a las medidas cautelares ordenadas por el INE para que frenara su propaganda partidista, el Consejo General del instituto aprobó aumentar la multa a esa fuerza política de 35 millones 720 mil 612 pesos con 52 centavos a 67 millones 112 mil 123 pesos.
Los consejeros votaron por unanimidad este acuerdo propuesto por la consejera Beatriz Galindo a nombre de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, los consejeros Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña.
La justificación de Galindo para aumentar la multa se basó en los dos contratos suscritos por el Verde con Distribuidora y Comercializadora Training y de Grupo Rabokse con Comercializadora Publicitaria TIC, los días 30 de diciembre y 6 pasado.
En el primer contrato se pagaron 17 millones 400 mil 780 pesos y por el último 37 millones 850 mil 884 pesos para promover la propaganda fija “El Verde sí cumple”, “No más cuotas obligatorias en escuelas públicas”, “Cadena perpetua a secuestradores”, “El que contamina paga y repara el daño”, “Los testigos a cadena perpetua” y “Circo sin animales”.
En esa lógica se ordenó al PVEM a suspender la difusión de los ‘cineminutos’, retirar la propaganda fija y abstenerse de contratar o solicitar la difusión de propaganda con elementos similares, lo que siempre incumplió.
La consejera Adriana Favela destacó que la primera propuesta de sanción fue hecha por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, quien aseguró haber considerado todos los contratos relacionados con los ‘cineminutos’, y que involucran a Cinépolis y a Cinemex.
Sin embargo, indicó que el martes 3 los integrantes de la Comisión de Quejas revisaron el expediente y se dieron cuenta que el contrato de fecha 30 de diciembre, celebrado entre Distribuidora y Comercializadora Training & Consulting Solutions, y el Partido Verde, no fue tomado en cuenta por Ferrer para la sanción al Verde, lo que tuvo un impacto de 21 millones 391 mil 511 pesos.
Esto, comentó la consejera Favela, “demuestra un notorio descuido y negligencia de Carlos Ferrer en el desempeño de sus funciones, quien de manera dolosa ocultó información a los integrantes de la Comisión de Quejas que era indispensable para determinar la sanción a imponer al Partido Verde”.
Por esto, anunció que de manera personal va a presentar una solicitud formal en su contra, para que la Contraloría que inicie un proceso de investigación.
En contraparte, la consejera Pamela San Martín salió en defensa de Ferrer, a quien elogió “por haber continuado analizando las constancias del expediente y por haber podido advertir elementos nuevos” en este asunto.
Sobre el particular, se refirió a los espectaculares que pidieron al PVEM que retirara, y no lo hizo. Sin embargo, agregó que lo que le llamó la atención es que eran 16 espectaculares y el mismo número de oficios con el mismo pretexto, que la empresa encargada de esa tarea “llevaba un avance de 50 o 60%”.
El consejero Javier Santiago puso el dedo en el renglón en cuanto a las finanzas del Verde –tema que también destacó el consejero del Poder Legislativo, el diputado perredista Fernando Belaunzarán–, las cuales impedirían al partido pagar tan costosa campaña propagandística.
“Actualmente, el PVEM cuenta con 26 millones 936 mil 154 pesos con 30 centavos por financiamiento ordinario mensual. En la elección de 2012 obtuvo 6.44% de la votación. Las encuestas marcan la posibilidad de que obtenga 11% de la votación el día de hoy, pero descontando el margen de error convencional, quedaría en 8% conservadoramente, tal porcentaje le llevaría a aumentar las prerrogativas en 24%, lo que resulta, en total, en 33 millones mensuales, y esta conducta redituaría al partido alrededor de 6 y medio millones de pesos mensuales, o sea, más de 78 millones de pesos al año. Creo que estos elementos deben de ser considerados para la individualización de la sanción”, añadió.
Enseguida propuso sancionar con un porcentaje de 400% del monto total implicado al partido, lo que daría un total de 89 millones 482 mil 831 pesos con 20 centavos.
Luego hizo cuentas sobre el costo de los 240 impactos del Verde monitoreados por el INE hasta diciembre.
“Suma 240 mil impactos de spots de la campaña ilegal. Es decir, de esta campaña disfrazada de informes legislativos pero que son verdaderamente campaña electoral. Si les vendieran a 10 pesos el spot habrían pagado 2 millones 400 mil pesos; si hubieran pagado 100 pesos por spot, hubieran pagado 24 millones; si hubieran pagado a mil pesos el spot, hubieran pagado 240 millones; si hubieran pagado 10 mil pesos por spot, 2 mil 400 millones; si hubieran pagado 100 mil pesos por spot, que es más o menos lo que uno podría pensar que es el promedio, incluso hay horarios donde es mucho más caro, habrían pagado 24 mil millones de pesos. Eso no les alcanza ni de chiste con las prerrogativas de los grupos parlamentarios.
“Ojalá que la Unidad de Fiscalización, ahora que no está ya la única persona (Alfredo Cristalinas) que vio que Peña Nieto no rebasó los topes de gastos de campaña, ahora que ya no está ese sujeto, ojalá haga su trabajo y nos diga de dónde sacaron para financiar este trabajo”, exigió.
El consejero Arturo Sánchez centró el discurso en la celeridad a la resolución de este asunto, el cual lleva dos meses, y no como en los casos Pemexgate o Amigos de Fox, donde se tardaron dos y medio y tres años, respectivamente.
El representante del PRD, Pablo Gómez, recordó que la queja de fiscalización interpuesta por su partido no se ha resuelto.
“La queja de fiscalización tiene plazo de tres meses, ya se comieron mes y medio y todavía no hacen nada, a decir de los propios auditores, ya se fue el encargado de la Unidad, pero no hizo nada y nadie le dijo nunca que algo tenía que hacer, así está el instituto, en una pendiente, en un plano inclinado, de renuncia al ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y también de la observancia de los principios fundamentales de carácter constitucional que le señala la propia Carta Magna al instituto, tales como imparcialidad, legalidad, equidad en la contienda, máxima transparencia, entre otros”, indicó.
Luego resaltó que el Verde, protegido por las televisoras, se ha posicionado en el electorado de manera ilegal usando recursos públicos y violando los principios constitucionales de imparcialidad y equidad.
“No obstante lo anterior, el Partido Verde continúa, hasta este momento, con una campaña de sobreexposición indebida en el presente proceso electoral federal, así como la distribución de artículos promocionales utilitarios, no elaborados con material textil, que implican un beneficio directo inmediato y en especie para quienes lo reciben”, añadió Gómez.
El perredista también destacó que la multa resulta una medida tardía e insuficiente. Debería, dijo, perder el registro. Pidió al INE ser imparcial y decidir sin consignas políticas.
Tras anunciar que también presentará una queja contra Carlos Ferrer, el representante del PVEM, Jorge Herrera, calificó como “irrisoriamente ilógica” la multa porque su partido, alegó, nunca ha violado la ley y lo que se está discutiendo sobre la campaña ilegal de sus legisladores para posicionar a este instituto político es “una falacia”.
Además consideró que se trata de una campaña contra el partido por el crecimiento en las preferencias lectorales que ha tenido en los últimos meses.
“Lo que le están poniendo es una mordaza a mi partido”, y aseguró que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ha sido cuestionada por revertir las sanciones del IFE, mermar el monto de las multas o desestimar sentencias acusatorias, favoreciendo con todo ello al Verde Ecologista de México.
Y para “demostrar” que sí cumplieron con las medidas cautelares ordenadas por el INE, se instalaron dos pantallas para mostrar imágenes sobre el punto, no obstante, la votación fue unánime sobre el aumento de la multa al PVEM.
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