RITA MAGAÑA TORRES
Senadoras de PAN, PRD, PRI y PVEM presentaron una iniciativa de reformas para establecer sanciones a quienes incumplan con el pago de la pensión alimentaria, entre ellas la restricción para salir del país y la imposibilidad de obtener documentación oficial.
La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca identificar a padres o tutores que incumplan con esta obligación, a través de la creación un registro nacional de obligados alimentarios morosos, que incluso contenga fotografía del demandado.
También plantea sanciones, conforme a normas penales correspondientes, a patronos o representantes legales que brinden información falsa a la autoridad judicial sobre salario del deudor o que no presenten datos solicitados dentro del plazo.
Las legisladoras Marcela Torres, Maki Ortiz, Laura Rojas, Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, del PAN; Alejandra Barrales, Angélica de la Peña, del PRD; Lilia Merodio, del PRI; y María Elena Barrera, del PVEM presentaron esta iniciativa de reformas.
Señalan que en Chiapas, Coahuila y Distrito Federal existen normas y registros estatales de morosos, pero es necesario homologar la norma a nivel nacional, a fin de hacer valer el derecho a la alimentación que deben de gozar los infantes, añade la propuesta.
Precisa que el registro de obligados alimentarios morosos estaría a cargo del DIF y contendrá: nombre, apellidos, Clave Única de Registro de Población, fotografía del deudor, monto de pagos incumplidos y datos del acta que acredite el vínculo con los acreedores alimentarios, entre otros.
Para hacer efectivas las restricciones a los morosos, se establece que autoridades del gobierno federal, estatales y municipales deberán solicitar la presentación del certificado de no inscripción en este registro, para los trámites y procedimientos para obtener licencia y permiso para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje.
También deberán presentar este certificado quienes pretendan participar como candidatos a un cargo de elección popular; los aspirantes a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial; y los proveedores de los tres órdenes de gobierno, entre otros.
En cuanto a las solicitudes de matrimonio, la iniciativa plantea que el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, así como la situación que guarda, respecto de estas obligaciones.
Con el objeto de garantizar estos procedimientos, la iniciativa apunta que quien tenga la guardia y custodia del menor no puede determinar a libre arbitrio que se haga cumplir o no el derecho a la pensión alimentaria; por el contrario, está obligado a denunciar la falta de pago de pensión ante el juez de lo familiar competente.
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