RITA MAGAÑA TORRES
En 2000 a la fecha fueron asesinados 103 periodistas en México, por lo que se padece una situación de violencia criminal en un contexto de debilidad institucional, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil.
Al inicio de un encuentro de integrantes de la delegación de PEN International, que encabezó John Ralston Saul, Gil señaló que esa situación se explica por la diversificación en las actividades de la delincuencia organizada, que ha mutado del trasiego de drogas a los homicidios, el robo y la extorsión.
Indicó que en el mismo periodo se registraron 25 casos de comunicadores desaparecidos, cifras reportadas a la Comisión que encabeza por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).
De esta manera senadores de la Comisión de Justicia y una delegación de PEN International intercambiaron puntos de vista sobre el estado que guarda la libertad de expresión en México, así como los obstáculos que enfrentan periodistas y profesionales de la comunicación.
Hicieron un llamado para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, así como para que “la violencia no se trague a la democracia” mexicana.
Roberto Gil dijo que en este escenario los periodistas se enfrentan a las acciones de grupos criminales que buscan hacer propagada de sus actividades y a las agresiones de autoridades, específicamente locales.
“Ya sea por una débil evolución democrática en esas entidades o por la debilidad crónica en la rendición de cuentas en esos enclaves”, mencionó.
Destacó que en los últimos años el Congreso ha trabajado para fortalecer el estado de derecho y se aprobó un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
Además, comentó, una reforma constitucional en materia de derechos humanos y una enmienda para que la Federación pueda hacerse cargo de los ataques contra comunicadores.
Desde que se aprobó la legislación secundaria a esta última reforma, agregó, la Federación ha atraído aproximadamente 21 casos, de los cuales se registraron dos homicidios en 2014 y cuatro en 2015.
Sin embargo, aseguró ue se tiene el problema de que el fortalecimiento institucional a nivel local no ha sido en la misma magnitud y con la misma velocidad que los esfuerzos a nivel federal.
Uno de los retos, asentó, es que las capacidades institucionales para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito, sean exactamente las mismas entre la Federación y las entidades.
Subrayó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión tiene el mismo problema que el resto de la PGR, un problema de bajas capacidades, baja calidad en las competencias de los ministerios públicos y recursos muy limitados.
Propuso realizar una reunión con el representante de dicha la Fiscalía, a fin de analizar las problemática que enfrenta esta dependencia.
Previamente, Aline Davidoff, presidenta de PEN México, destacó que una nación sin libertad de expresión, “es un país donde la democracia es dudosa y donde el sufrimiento de la gente, que es lo que nos preocupa también, no hará más que crecer”.
Instó a que se aplicar el marco legal y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
“Las leyes ya existen, pero hay un problema en la implementación, hay un problema en regresar a este país a su camino legal”, para que ciudadanos, escritores, periodistas, blogueros, niños y estudiantes puedan vivir en paz, añadió.
Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, expresó: “No permitan que la violencia se trague a la democracia. No permitan que la situación de la libertad de expresión termine con una democracia que ha sido fantástica en América Latina”.
Señaló que criminalizar el derecho a la libertad de expresión trae como consecuencia el silencio, la censura y la autocensura.
A nombre del PRI, Enrique Burgos hizo notar que el gobierno es el primer obligado en responder a esta tarea, pero la naturaleza del fenómeno es tan profunda, con distintas raíces y razones, que también requiere de la participación social para enfrentarlo.
También del PRI, Arely Gómez González preguntó si la ampliación de facultades a la Fiscalía ha influido para dar mayor respuesta a los ataques contra los comunicadores.
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