RITA MAGAÑA TORRES
La Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para incorporar la noción de trabajo digno o decente, prohibir cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral y regular, en igualdad de oportunidades, acceso al empleo de personas con discapacidad.
En el dictamen se establecen como obligaciones de patrones adecuar instalaciones de trabajo, eliminar barreras físicas o rediseñar áreas de empleo, a fin de que personas con discapacidad cuenten con condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento para desarrollar sus actividades.
Además, se les prohíbe rechazar trabajadores por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que atente contra la dignidad humana.
Dispone que personas con discapacidad reciban la capacitación y adiestramiento en las mismas condiciones que el resto de los empleados.
Plantea una multa de mil a cinco mil veces el salario mínimo general a quienes no cumplan con las obligaciones relativas a los derechos laborales de dicho sector.
La senadora del PRI, Hilda Flores, mencionó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad alcanza únicamente 30 por ciento, en comparación con la población en general donde es de casi el 54 por ciento.
Dijo que, a pesar de los avances en esta materia, en el mercado laboral persisten diversas formas de discriminación que significan serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por el PAN, Mariana Gómez del Campoa refirió que en 2010 ese sector se conformaba por cinco millones 793 mil 270 personas, poco más del cinco por ciento de la población, y 483 mil 45 de ellas habitaba en el Distrito Federal.
Tan sólo en la Ciudad de México, agregó, 29 por ciento de quienes forman parte de este grupo no cuentan con acceso a ningún tipo de servicios de salud, lo que los deja en un estado de vulnerabilidad.
La senadora del PRD, Alejandra Barrales, consideró con esta reforma se contribuye a la inclusión laboral, en condiciones de igualdad y equidad al trabajo para la población que cuenta con alguna discapacidad.
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