AIDA RAMIREZ MARIN
En el afán de que los mexicanos tengan la mejor información para votar el próximo 7 de junio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) junto con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras organizaciones sociales, forman parte de la iniciativa ciudadana #3de3.
Con esta acción, los legisladores en funciones y los candidatos a cargos de elección popular harían públicas sus declaraciones de intereses, patrimoniales y de impuestos.
“En Coparmex estamos convencidos de que la transparencia es uno de los pilares de nuestra democracia; una pieza indispensable de la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción”, dijo el presidente del organismo patronal, Juan Pablo Castañón.
Y es que el 7 de junio, los mexicanos elegirán nueve gobernadores; mil nueve alcaldes y mil 141 diputados federales y locales, de mayoría y plurinominales.
“Con la iniciativa #3de3 queremos impulsar una nueva cultura de transparencia y una serie de cambios en la legislación, que vuelva obligatoria la presentación de las declaraciones. Para que en 2018, cuando se renueve la Presidencia de la República, todo el Congreso y buena parte de los poderes locales, todos los candidatos pongan en manos del elector y de la opinión pública información sobre su patrimonio, su compromiso fiscal y las áreas de potencial conflicto de intereses”, señaló en su mensaje semanal.
Acusó que esta iniciativa cobra especial relevancia cuando se observa que nuestros legisladores están dejando de cumplir sus compromisos para avanzar en la aprobación de la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, que debió haber sido aprobada la semana pasada de acuerdo con el plazo constitucional que fijaron los propios legisladores, pero que sigue en discusión en Comisiones del Senado.
“La transparencia implica que todas las instituciones que manejan recursos públicos pongan a disposición de la sociedad información oportuna y suficiente, para que los ciudadanos podamos evaluar si los funcionarios realmente utilizan con eficacia los recursos que les provee la hacienda pública.
“Es un primer paso en la lucha contra la corrupción, que debe complementarse con una constante vigilancia y contraloría ciudadana y de la misma autoridad anticorrupción. Si la información está a la vista de todos, será más difícil que los corruptos queden impunes”, señaló Castañón.
Coincidió con los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), quienes han hecho notar una serie de irreductibles como el que deben ser obligatorias y públicas las declaraciones de intereses, patrimonial y de impuestos de todos los servidores públicos.
Asimismo, que de ninguna manera puede quedar al arbitrio de los sujetos obligados los conceptos y causales de reserva de información por razones de seguridad nacional y por estabilidad financiera, económica y monetaria.
“Si como se propone, se eliminara la llamada prueba del daño (por la que cada autoridad haría un análisis del impacto negativo de revelar información), puede correrse el riesgo de que todas las dependencias clasifiquen toda su información, lo que no abona a la transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó el también integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
