AGENCIAS
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dio a conocer que este lunes la Profepa clausuró las obras del proyecto Dragon Mart, en Quintana Roo, por daño ambiental en la zona.
En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, detalló que entre las irregularidades están la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal, por lo que esta mañana, personal de la dependencia realizó la visita de verificación y clausura a proyecto, ubicado en el predio El Tucán, municipio de Benito Juárez.
Al dar a conocer acciones en materia de protección ambiental, Haro Bélchez detalló que la infraestructura contemplada de este proyecto era de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas de proyecto.
Al respecto, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, expuso que dicha medida se tomó tras una larga disputa entre organizaciones ambientalistas, legisladores y autoridades federales, quienes expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental negativo de este proyecto.
Reveló que la Profepa demostró ante el poder judicial que en esta construcción se han cometido diversas violaciones a las leyes y reglamentos de protección al Medio Ambiente.
Por lo anterior el pasado 8 de enero, un tribunal colegiado declaró infundado el amparo promovido por la empresa y el 21 de enero el juzgado de distrito emitió el acuerdo correspondiente para dar por concluido el juicio de amparo.
Por su parte, el procurador ambiental Guillermo Haro Bélchez recordó que el proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, SA de CV, empresa con el 90 por ciento de capital nacional en una área de más de 500 hectáreas que en la década de los 70 formaba parte de la Ex Hacienda de Las Vegas.
El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales y un total de tres mil locales en una superficie de 561 hectáreas de las cuales en 203 se iba a llevar a cabo el proyecto y 357 hectáreas iban a ser de conservación.
Sin embargo, de acuerdo con los datos de la gráfica de 2012, se devastaron más de 200 hectáreas de las cuales 149 hectáreas eran zonas con competencia federal por lo que la Profepa inició desde 2013 las acciones para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales.
Asimismo, el Senado de la República solicitó información sobre las acciones realizadas en el proyecto y de 2013 a la fecha se han recibido más de nueve denuncias por parte de grupos ambientalistas tras lo cual en febrero de 2014 se mandató que la Profepa realizara nuevas inspecciones.
Como resultado de lo anterior, los inspectores descubrieron diversas irregularidades entre las que estaban la falta de una autorización emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo.
Asimismo, no se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo; se afectó vegetación hidrófila de tule, de tasiste, y de especies manglares enlistadas en NOM 059, fundamentalmente mangle botoncillo.
Haro Bélchez aclaró que son dos leyes las que se consideraron en el asunto y que son la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA).
Detalló que agotados los procedimientos correspondientes, en septiembre de 2014 se aplicaron multas en materia forestal por más de 21 millones de pesos en materia forestal y de impacto ambiental.
Finalmente y tras una serie de investigaciones que permitieron descubrir todas estas irregularidades, el 8 de enero pasado el primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito sobresello el juicio de amparo indirecto que ya había sobreseido un juez de distrito.
Con lo anterior se actualizaron las causales de improcedencia que no dan lugar al estudio del asunto promovido por los desarrolladores, quienes argumentaban que el proyecto no se encontraba sobre terrenos forestales.
Por lo anterior se declaró la clausura total del proyecto por parte de la Profepa, al determinarse que el predio si se encuentra en terrenos forestales y en un ecosistema costero e incidir negativamente en un área importante para la conservación de aves en la región hidrológica sureste del corredor Cancún-Tulum.
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