RITA MAGAÑA TORRES
La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, lamentó que el gobierno federal esté colmado de incompetencia y corrupción.
Señaló que los resultados de sus dos primeros años d y lo que dicen las encuestas nacionales, confirman la incompetencia y corrupción, bastan las denuncias que la prensa nacional y extranjera muestran con relación al tráfico de influencias.
Además, los contratistas preferidos, el tema Casa Blanca y, ahora, la propiedad en Ixtapan de la Sal, Estado de México son el más claro ejemplo de ello, alertó.
Padierna Luna se refirió a la información publicada en el periódico estadunidense de Wall Street Journal, que sacó a la luz un nuevo ejemplo de corrupción y tráfico de influencias, en el que está involucrado directamente Enrique Peña Nieto.
Mencionó que el diario señala que en 2005, siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México adquirió una casa en el Club de Golfo de Ixtapan de la Sal, inmueble valuado en 5 millones 600 mil pesos.
Roberto San Román, fallecido en 2011, le vendió el inmueble, y se convirtió en uno de los «contratistas favoritos de Peña Nieto cuando fue gobernador, 2005-2011», según lo que informa este periódico norteamericano, Roberto San Román obtuvo contratos por 100 millones de dólares durante su gubernatura.
Ya en la Presidencia de la República las empresas de este personaje, ahora administradas por su hijo, han recibido, al menos, 11 contratos por parte del gobierno federal.
«Fue el Grupo Higa y Juan Armando Hinojosa, ahora es Roberto San Román y sus empresas, ¿mañana quién será?, ¿qué nuevo favorito de Peña Nieto saldrá a la luz pública denunciado por la prensa nacional o extranjera?», cuestionó.
La senadora perredista recordó que las denuncias no sólo involucran a Peña Nieto, «los tentáculos del Grupo Higa alcanzan también a Luis Videgaray con su casa de 7 millones de pesos en Malinalco».
«Las empresas mencionadas e involucradas son una muestra más de cómo se involucran y se hacen cómplices políticos y empresarios.
La corrupción y los negocios al amparo del poder público son, desgraciadamente, una práctica muy común en diversos niveles de gobierno, empezando por el titular del poder Ejecutivo federal», añadió.
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