AGENCIAS
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que la Procuraduría General de la República ha fallado en su investigación sobre la «desaparición forzada» de 43 estudiantes en septiembre y pidió llegar hasta el fondo de las denuncias sobre la posible complicidad de fuerzas de seguridad mexicanas.
La PGR «ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes» de la escuela de magisterio de Ayotzinapa, en el convulso estado de Guerrero, indicó en un comunicado la organización.
El ataque perpetrado el 26 de septiembre por policías municipales y sicarios en la ciudad de Iguala (Guerrero) contra los estudiantes, que derivó en su desaparición, es un crimen que «ha cambiado la percepción distorsionada de que la situación de los derechos humanos ha mejorado en México desde que el presidente Enrique Peña Nieto tomó el poder» en diciembre de 2012.
Para Amnistía existen preocupaciones por una «posible complicidad» del Ejército en este crimen que ha conmocionado a México y a la comunidad internacional.
Tras una reunión de representantes de AI con los padres de las víctimas, la organización pidió al gobierno «que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deje piedra sin remover».
Los padres de los estudiantes se aferran a la idea de que sus hijos siguen con vida y han asegurado en reiteradas ocasiones que las fuerzas de seguridad saben cuál es su paradero. En uno de sus últimos mítines incluso sostuvieron que están en manos del Ejército, algo que ha negado tajantemente el gobierno.
La investigación de la PGR apunta a que inmediatamente después del ataque, los estudiantes fueron entregados por policías de Iguala al cartel local Guerreros Unidos, que a su vez los habría ejecutado, incinerado y arrojado a un río por razones que aún no han sido completamente esclarecidas.
Hasta el momento sólo han sido identificados los restos de uno de los estudiantes.
Pese a que la PGR ha detenido a casi 100 personas por el crimen, entre políticos, policías y sicarios, Amnistía Internacional cree que la presumible masacre de los estudiantes hace más evidente la impunidad en torno a los más de 100 mil asesinatos y 23 mil desapariciones registrados en el país desde el inicio de «la guerra contra las drogas» en 2006.
Esa ola de violencia no ha cesado en el país latinoamericano, indicó la organización.
«Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas», recalcó la organización cuya sede central está en Londres.
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