La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto desfalco millonario cometido en 2017 en Super-ISSSTE, el cual implica un daño al erario que ronda los 61 millones de pesos.
Aunque la indagatoria había prescrito, tiene ahora un nuevo curso, debido a la denuncia de Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la que Excélsior tiene copia, la cual está basada en la auditoría 260-DS realizada por la ASF.
- De acuerdo con dicha auditoría, más del 80% de los ingresos de SuperISSSTE son producto de “operaciones irregulares”. Sus principales clientes son dependencias de gobierno y es utilizado “como intermediario” de empresas privadas para saltarse normas de adquisiciones.
- El desfalco detectado deriva de una simulación en la compra-venta de distintos productos y que gran parte de éstos, comercializados supuestamente entre el
SuperISSSTE con el ISSSTE, no se entregaron.
Originalmente, la cantidad relacionada con el presunto desfalco ascendía a mil millones de pesos. Sin embargo, el monto señalado en la investigación en curso desde 2024 por la denuncia de Lozano Dubernard es de 478 millones 351 mil 655 pesos. Se estima, de acuerdo con las investigaciones y aclaraciones por parte de SuperISSSTE, que el daño al erario ronda en los 61 millones de pesos.
En nueva indagatoria, Minerva Castillo, directora de administración del ISSSTE de 2015 a enero de 2018, principal señalada como responsable en el origen de la investigación, fue deslindada, mientras que, en su lugar, imputan a tres exfuncionarios que no trabajaban en la dependencia al momento del quebranto.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto desfalco millonario cometido en 2017 en SuperISSSTE –tiendas de autoservicio del ISSSTE–, que en 2015 entró en una severa crisis, al cerrar 224 tiendas y desde entonces dejar de cumplir el precepto constitucional que obtuvo hace 65 años.
La investigación que había prescrito tiene un nuevo curso debido a la denuncia de Gerardo Lozano Dubernard –de la que Excélsior tiene copia–, exauditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reactivada por la FGR el 3 de junio de 2024. Está basada en la auditoría 260-DS realizada por la ASF.
- La litis del caso es que hubo una simulación en la compra-venta de distintos productos y que gran parte de éstos, como útiles de oficina, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, materiales y artículos de construcción, mobiliario, blancos y ropa hospitalaria, ropa quirúrgica e imprenta, comercializados supuestamente entre el SuperISSSTE con el ISSSTE, pero no se entregaron.
- Originalmente la cantidad relacionada con el presunto desfalco ascendía a mil millones de pesos. El monto señalado en la investigación en curso desde 2024 por la denuncia de Lozano Dubernard es de 478 millones 351 mil 655 pesos. Se estima, de acuerdo a las investigaciones y aclaraciones por parte de SuperISSSTE, que el daño al erario público ronda los 61 millones de pesos.
Esta investigación dejó al descubierto que desde hace 30 años el SuperISSSTE no cumple con su objetivo constitucional de “tiendas económicas en beneficio de los trabajadores y sus familias”, que establece el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso e de la Carta Magna.
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, los ingresos del SuperISSSTE fueron de 917 millones de pesos, lo que equivale a un decremento de 45.1 por ciento respecto a 2018, según el Informe Financiero y Actuarial (IFA) de 2020.
El momento de la mayor crisis para SuperISSSTE ocurrió entre 2013 y 2019 –tiempo del desfalco que investiga la FGR–, los ingresos de Super-
ISSSTE reportaron un decremento promedio anual de 27.4 por ciento. El principal motivo fue que en 2015 cerraron 224 tiendas, de las 294 existentes entonces, según el Acuerdo SUP.CDSE.II.766.2015 donde el Consejo Directivo de SuperISSSTE autorizó este hecho.
Estos cierres provocaron la disminución del volumen de venta en las 68 tiendas que quedaron en servicio al público. Actualmente operan 61 tiendas a nivel nacional; en 2022 se cerraron otras 7 tiendas.
Más del 80% de los ingresos de SuperISSSTE son producto de “operaciones irregulares”. Sus principales clientes son dependencias de gobierno y es utilizado “como intermediario” de empresas privadas para saltarse normas de adquisiciones, según la auditoría 260-DS de la ASF.
Entre los principales motivos por los que SuperISSTE dejó de ser rentable fue la competencia de los grandes almacenes de autoservicio, ya que al comprar en grandes cantidades los precios de los productos que se ofrecen son más bajos, que los que pueden alcanzar estas tiendas gubernamentales.
Deslindaron a Castillo Rodríguez
En una carpeta de investigación de la FGR de 2021, producto de la denuncia de la ASF, donde los señalados como responsables de uso indebido de atribuciones y facultades son Minerva Castillo Rodríguez, directora de administración del ISSSTE de septiembre de 2015 a enero de 2018; Francisco Javier Ortiz Villanueva, subdirector de Administración, Recursos Materiales y Servicios; y José Remedios López Sánchez, jefe del Departamento de Adquisición de Bienes de Consumo.
En la nueva indagatoria del 3 de junio de 2024, la exdiputada priista Minerva Castillo Rodríguez ha sido deslindada de responsabilidades, ya que su nombre no figura en la lista contra quienes Blanca Flor Ramón Peralta, fiscal especial de la Fiscalía en Combate a la Corrupción, solicitó el ejercicio de la acción penal y vinculación a proceso como presuntos responsables de los hechos constitutivos de delito.
En cambio, la fiscal Ramón Peralta imputó a tres exfuncionarios del ISSSTE, que originalmente no estaban implicados en el caso, se trata de Raúl Cerón, subdirector de Abasto de SuperISSSTE entre enero de 2013 y enero de 2016; Juan Nazario Ahuactzin Ponce, director de Administración entre 2013 y 2015, y José Castañeda Murillo, sobrino del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, quien sustituyó a Raúl Cerón hasta 2018.
La investigación del caso tiene que ver con hechos ocurridos en 2017, cuando el ISSSTE adquirió de Super-
ISSSTE diversos productos por una cifra cercana a los mil millones de pesos.
En la auditoría 260-DS realizada por ASF de la Cuenta Pública 2017 se detectaron diversas irregularidades en el proceso de entrega. La ASF concluyó que se efectuó una simulación y gran parte de los productos no se entregaron.
En marzo de 2021 la ASF presentó una denuncia de hechos por un presumible daño al erario público por más de 61 millones, en la que originalmente se imputaba responsabilidad a Castillo Rodríguez, que era la directora de administración del ISSSTE entre octubre de 2015 y enero de 2018, periodo durante el cual se cometieron y se detectaron las irregularidades; Francisco Javier Ortiz Villanueva, y José Remedios López Sánchez.
Castillo Rodríguez fue quien firmó, en enero de 2017, un adendum a unas bases de colaboración suscritas entre ISSSTE y SuperISSSTE de 2014, mismo que modificaba sustancialmente el objeto de las bases del 2014.
No obstante, ello, cuando la Fiscalía Especializada solicitó el ejercicio de la acción penal y vinculación a proceso de varias personas como presuntos responsables de los hechos constitutivos de delito, inexplicable e injustificadamente no se incluyó a Minerva Castillo, y hasta la fecha no se ha hecho algo al respecto.
El Ministerio Público federal ya solicitó que se programe fecha y hora para la audiencia inicial de imputación para cinco exfuncionarios federales, señalados, salvo la exdirectora de administración del ISSSTE, Castillo Rodríguez, que llegó a la dependencia junto con el exgobernador de Chihuahua Francisco Reyes Baeza.
En la imputación inicial, de 2021, la Procuraduría General de la República (PGR), aún en operaciones como tal, abrió una carpeta de investigación donde se lee “El subdirector de recursos materiales y servicios y el jefe de departamento de adquisiciones ambos del ISSSTE 2017, mediante la firma de 46 formatos denominados “Remiso del contrato No BC-CA-DA-SRMS-001-2014” el 22 de noviembre de 2014 hicieron parecer real la recepción de bienes muebles (mobiliario y equipo de administración) con valor de 53, 925,524.15, mismos que fueron pagados con recursos públicos federales, sin que se haya comprobado su recepción, ni la distribución de dichos bienes a las áreas usuarias”.
Las irregularidades detectadas en la investigación original han pasado a segundo término. Ahora la atención está en un convenio de colaboración suscrito en 2013, en el que sustentaron las compras de 2017 en las que se detectaron irregularidades. De esta manera, el delito por el que se imputa es por ejercicio indebido del servicio público.
En el convenio de marras se suscribió amparado en la normatividad vigente en el ISSSTE y SuperISSSTE en 2013. Sin embargo, en enero de 2017 se suscribió un
addendum firmado por las autoridades en turno con el que se cambió sustancialmente el convenio inicial.
El adendum firmado por Castillo Rodríguez posibilitó, de acuerdo con las investigaciones de la ASF, que se cometieran las irregularidades, que, sin embargo, ahora no son parte de las investigaciones. En todo el expediente no aparece ninguna evidencia de irregularidades durante los años de 2014, 2015 y 2016 al amparo del convenio referido.
Recuperan 27 inmuebles
Las acciones de combate a la corrupción incluidas en el Plan de 25 Puntos para la Transformación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) permitieron la recuperación de 27 inmuebles que fueron utilizados indebidamente por la fundación ISSSTE.
De acuerdo con Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, se trata de 27 espacios ubicados dentro de instalaciones del ISSSTE que, durante el periodo de desmantelamiento del Instituto, fueron otorgados en comodato y a título gratuito a dicha fundación.
- Sin embargo, la llamada fundación ISSSTE, que en realidad es una asociación privada, los manejó como cafeterías y máquinas expendedoras de café e, indebidamente, arrendó 15 de éstos a otras empresas y obtuvo una ganancia sin beneficio para la derechohabiencia.
- El director del Instituto detalló que el proceso de recuperación comenzó desde la administración pasada con la presentación de una demanda civil por parte del ISSSTE, la cual derivó en la devolución de los 12 espacios no arrendados a finales de 2023, así como en la condena de pago de daños y perjuicios.
- En cuanto a los 15 espacios faltantes, el juez octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México requirió a la fundación, mediante acuerdo del 6 de diciembre de 2024 y a solicitud de la actual administración del ISSSTE, que de manera inmediata dispusiera de las gestiones necesarias para concretar la entrega.
Pese a esto, la fundación no realizó la devolución voluntaria de los inmuebles y el pasado 24 de enero se acordó jurídicamente la ejecución forzosa, por lo que fue entre febrero y abril de este año que se recuperaron el total de los espacios.
Los espacios recuperados se encuentran en diversas instalaciones de la Ciudad de México como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre; los hospitales regionales General Ignacio Zaragoza y 1° de Octubre; así como los hospitales generales Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, Álvaro Obregón, y Tacuba, Miguel Hidalgo; la Clínica de Medicina Familiar Villa Álvaro Obregón, entre otros centros hospitalarios./Agencias-PUNTOporPUNTO
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