Morena mira con recelo la elección judicial del 1 de junio. La presentación en sociedad de su gran apuesta transformadora, una sacudida tremenda a los cimientos del Poder Judicial, preocupa moderadamente a sus facciones.
- México elige desde esta primavera a sus jueces por voto popular y la certeza de que hay candidatos de dudosa procedencia, algunos vinculados al crimen organizado, retumba ya en el Congreso y en Palacio Nacional.
- Este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha instado a que, si hay aspirantes con “alguna relación delincuencial”, se denuncie, se investigue y se tomen decisiones. No es una cuestión menor, dado el júbilo general del oficialismo con la contienda electoral. De cara para afuera, las dudas no existen.
- El partido guinda asume la elección de 881 cargos, entre ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces federales, como un paso fundamental en su proyecto de país.
Para Morena, el Poder Judicial encarna los males de México, la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, el tráfico de influencias. Su refundación aparece en el horizonte como una promesa de cambio definitivo. De ahí que moleste la aparición de perfiles controvertidos en la boleta.
- “Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas”, ha dicho la mandataria, cauta en el tono y las palabras, desterrando toda urgencia, toda sensación de alarma.
“Si hay algún caso en que [el candidato] no cumple con la Constitución, por alguna relación delincuencial, o que no tiene de promedio [en sus estudios] lo que exige la Constitución, [la denuncia] puede ser presentada desde mi particular punto de vista, y ya veremos qué decide el Tribunal”, ha añadido.
Sheinbaum se refería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
La mandataria ha recogido así el guante de su colega de movimiento, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que el martes enfrentaba el asunto desde la Cámara Alta. “Hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, decía Noroña.
- El legislador, antiguo rival de Sheinbaum por la candidatura presidencial, aprovechó para darle un alfilerazo al Poder Judicial, al asegurar que la mayoría de los perfiles indeseables se han colado en la contienda a propuesta de los mismos jueces.
- Ni Noroña ni Sheinbaum han señalado directamente a ningún candidato, pero desde hace semanas hay al menos dos nombres que aparecen vinculados de alguna forma a narcotraficantes.
Se trata de Silvia Delgado, que en 2016 fue parte del equipo legal de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, y que ahora aspira a jueza de lo penal en el Estado de Chihuahua; y de Fernando Escamilla, uno de los abogados de la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, antaño líder del cartel de Los Zetas, trasladado en febrero a Estados Unidos.
- Pero no son los únicos. La organización Defensorxs ha documentado hasta 13 casos, 11 de los cuales califica como “candidaturas altamente riesgosas”.
Entre los 13 figuran simpatizantes de la Iglesia de La Luz del Mundo, liderada por el criminal convicto Naasón Joaquín García, condenado por abuso de menores en Estados Unidos, personas acusadas de acoso laboral y sexual, antiguos funcionarios vinculados a delitos graves, como la desaparición de un periodista, o la muerte de visitantes en una prisión.
Según Defensorxs, la mayoría de las candidaturas altamente riesgosas pasaron los filtros del Congreso. Hace unos meses, en la etapa primaria de implementación de la reforma al Poder Judicial, cada uno de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formó un comité de expertos para analizar las candidaturas presentadas a los diferentes cargos que se eligen en junio. Cada comité aceptó unas candidaturas y desechó otras.
- Al parecer, el filtro con agujeros más grandes lo manejó el comité del Poder Legislativo, que depende de la mayoría oficialista.
- Noroña ha dicho que no es cuestión de echarle la culpa a nadie, sino de depurar los pocos casos detectados.
Sheinbaum ni siquiera ha entrado en la polémica. Uno y otro han insistido en que los malos perfiles deben quedar fuera de la contienda, y no esperar a después de la elección para descalificarlos, posibilidad con la que ha amagado el Instituto Nacional Electoral esta semana.
Mientras tanto, candidatos y candidatas siguen haciendo campaña, supuestamente con sus propios medios. La elección se acerca y, en la mayoría de casos, la lucha es por dar a conocer sus nombres antes del día de votación.
Perfiles ponen de relieve la intervención del crimen organizado en la elección
- Silvia Rocío Delgado García, propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo para el estado de Chihuahua para competir por un puesto como jueza en materia penal. En agosto de 2016, fue parte del equipo de defensa legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el antiguo líder del Cártel de Sinaloa que fue sentenciado por narcotráfico en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Delgado García fue el enlace directo de su despacho con ‘El Chapo’.
- Francisco Herrera Franco, propuesto por el Comité del Poder Legislativo para competir por un puesto como juez en materia penal. Entre enero de 2020 y abril de 2022, fue Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, una zona de conflicto paramilitar entre la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su apodo era ‘El Fiscal del Terror’.
En un audio difundido hace tres años, Herrera Franco habló con un líder criminal, Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, sobre un homicidio cometido por ‘El Cártel de los Cristaleros’ que opera en la frontera de Michoacán con el Estado de México.
El fiscal ofreció asesoría legal a Rivera Padilla, quien posteriormente sería asesinado junto a 19 personas en un palenque clandestino en Zinapécuaro.
Además, Herrera Franco ha sido cuestionado por su presunto involucramiento en el asesinato de dos periodistas de Monitor Michoacán.
- Jesús Humberto Padilla Briones, propuesto por el Poder Legislativo para juez de Distrito Penal del 4° Circuito en Nuevo León. Fue detenido en julio de 2023 en Montemorelos en posesión de un arma de fuego y 17 dosis de cristal. Las autoridades lo vincularon a proceso por narcomenudeo, pero recibió una suspensión condicional del proceso en febrero de 2024.
- Fernando Escamilla Villarreal, propuesto por el Comité del Poder Ejecutivo Federal para el estado Nuevo León para competir por un puesto como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Cuarto Circuito.
Es parte del equipo de defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40’, y de Eleazar Medina Rojas, ‘El Chelelo’.
- Se trata de dos presuntos líderes del crimen organizado que fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados en cortes norteamericanas como parte de un acuerdo entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump.
Además, Escamilla Villarreal fue sentenciado en 2016 por el delito de portación ilegal de arma de fuego.
- Estos son apenas cuatro casos visibles, pero el fenómeno se extiende a estados en los que los cárteles han cooptado al Estado mexicano: Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, etcétera.
- El Comando Norte del Ejército de Estados Unidos advierte que un tercio del territorio mexicano está bajo control de los grupos criminales. Esa es la extensión real del problema de la elección judicial.
La JUFED, el órgano que representa a los jueces y magistrados que resisten la Reforma Judicial, señala que las declaraciones de Noroña “no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que JUFED ha anunciado desde el inicio:
- La Reforma Judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”.
Para Sheinbaum, la elección judicial también cambia el balance de poder dentro de su propia coalición.
El ejército de diez millones de nuevos militantes de Morena al servicio de Andrés Manuel López Beltrán significa que Palacio Nacional tendrá su propio contrapeso dentro de la 4T.
Será un Poder Judicial controlado por ‘Andy’ y por los capos de la 4T inconformes con la política de quiebres con el pasado que Sheinbaum está implementando.
Sheinbaum pide separar a candidatos a juzgadores ligados con delincuentes
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, de haber pruebas en su contra por presuntos nexos criminales, los candidatos a juzgadores que contenderán en la elección del próximo 1 de junio podrían ser descalificados.
- Durante su conferencia de prensa matutina habitual ofrecida en Palacio Nacional, dijo a pregunta específica, sin embargo, que la decisión al respecto compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
… pero
“Depende de la Sala Superior del Tribunal… Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la Licenciatura, pues puede ser presentada (la denuncia), y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse, pues, todas las pruebas de que es así», dijo la primera mandataria.
“Pero hasta ahora, quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral», respondió Sheinbaum Pardo.
- La víspera, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, opinó también que la eventual descalificación de candidatos defensores de narcotraficantes debe realizarse antes de la elección.
Los magistrados del TEPJF, dijo, “no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen».
“Entonces, yo creo que debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones».
Previamente, admitió: «Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder (a juzgadores federales). No deberían participar. No cumplen con la exigencia constitucional de probidad». /Agencias-PUNTOporPUNTO
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