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Al presentar la Red Nacional de Abogados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Directora de esta casa de estudios, Yoloxóchitl Bustamante Díez, solicitó a sus integrantes analizar la posible creación de un programa académico de formación en derecho con alguna especialidad impartida en la institución
Señaló a la Red Nacional de Abogados trabajar en propuestas para conformar paquetes de conocimientos correspondientes de acuerdo a las leyes y normas de la especialidad que se decida como medio ambiente, energías alternas, agua o telecomunicaciones.
Bustamante Díez señaló que aunque el IPN es una institución técnica, también se conforma por seres humanos con derechos y responsabilidades administrativas que la vinculan con la sociedad de muy diferentes formas.
“De ahí la complejidad que reviste el campo jurídico y la importancia de contar con asesoría especializada por parte de los abogados”, señaló.
A su vez, Adriana Campos López, Abogada General del IPN, explicó que esta Red Nacional, conformada por abogados de diversas escuelas, centros y unidades de esta casa de estudios, será un espacio de diálogo y participación que coadyuvará a la protección y defensa de los intereses de esta casa de estudios.
Comento que es tiempo de reconstruir la forma de hacer derecho en México, el momento lo exige y el Instituto lo merece; “con la constitución de la Red Nacional de Abogados del Instituto Politécnico Nacional, refrendamos nuestro compromiso como servidores públicos, integrantes de la comunidad politécnica que se ha ganado un lugar en la historia patria por participar en la construcción de un México más justo y mejor”.
En tanto, Adriana Ramos Morales, abogada de Canal 11, destacó que a través de esta Red se buscará posicionar al Politécnico Nacional, no sólo como la institución educativa con la primera red de abogados, sino como la institución educativa con los mejores abogados en la Administración Pública Federal.
Para ingresar a la Red se requiere título y cédula profesional, un mínimo de dos años de experiencia en la administración pública y haber acreditado la evaluación correspondiente
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