A sólo nueve días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, que ha marcado récord histórico con 19 reformas constitucionales, el Senado y la Cámara de Diputados no han completado la regulación legal que se requiere para hacer realidad su aplicación.
- Hasta el momento, sólo han concretado las leyes secundarias de cuatro reformas: la del Poder Judicial, la que hace inatacables las reformas constitucionales, la energética y la referente a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
- La reforma constitucional en materia de vivienda está a medio camino, porque sólo se concretaron los cambios al Infonavit, pero no al Fovissste ni a la Ley General de Vivienda, mientras que la modificación de simplificación orgánica, con la que desaparecieron siete organismos autónomos, sólo cuenta con leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Las 13 reformas constitucionales restantes todavía no cuentan con las leyes que las regulan para su aplicación plena y, en su mayoría, no ha comenzado siquiera el proceso legislativo necesario para ello, con la presentación de iniciativas en alguna de las cámaras del Congreso.
Así, el Congreso de la Unión aún tiene pendientes 49 reformas secundarias, de las 73 que iba a aprobar en este periodo ordinario de sesiones, el cual concluye el próximo 30 de abril.
- A sólo nueve días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, que ha marcado récord histórico con 19 reformas constitucionales, el Senado y la Cámara de Diputados sólo han completado la regulación legal de cuatro de ellas; están a la mitad de dos más y existe retraso en los marcos jurídicos secundarios de las 13 restantes.
- El Congreso de la Unión tenía en lista la aprobación de 73 reformas legales y creaciones de leyes que derivan de las reformas constitucionales, que iba a aprobar en este periodo ordinario de sesiones, pero sólo ha concretado 24; es decir, le faltan 49 reformas secundarias.
Con base en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), únicamente son cuatro las reformas constitucionales que están completas con las regulaciones secundarias que necesitan para que su aplicación sea una realidad.
La del Poder Judicial, que en el último momento sumó el cambio respecto de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, completó el paquete de cambios legales con las modificaciones a las leyes en materia de amparo y de controversias constitucionales.
- La energética, que ya tiene las nueve leyes nuevas y dos reformas legales, con lo cual ya opera plenamente y la referente a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que desde diciembre pasado tiene en vigor las seis reformas legales que permiten su aplicación plena.
- La reforma constitucional en materia de vivienda está a medio camino, porque sólo se concretaron los cambios al Infonavit, pero no así al Fovissste ni a la Ley General de Vivienda.
- Lo mismo pasa con la reforma de simplificación orgánica, que desapareció diversos organismos autónomos, pues hasta el momento sólo se han concretado los marcos legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, con cuatro nuevas leyes y una reforma a una ley existente y se incluyó en el paquete de leyes energéticas lo relacionado con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Sin embargo, las disposiciones legales referentes a las funciones que desempeñaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones todavía no están concluidas, pues no existen los parámetros legales de las leyes y reglamentos de las instituciones de la administración pública federal que asumen todas las tareas; no hay una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Además, tampoco existe el marco legal para concretar el traslado de funciones de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica.
Según el anuncio presidencial del pasado 14 de abril, esta misma semana el Ejecutivo federal enviará al Senado el paquete de reformas y nuevas leyes que subsanen esta omisión, pero hasta el momento esta reforma constitucional tiene un marco regulatorio incompleto.
Las 13 reformas constitucionales restantes todavía no cuentan con las leyes que las regulan para su aplicación plena, la mayoría ni siquiera tiene iniciativa presentada, pero en el caso de la reforma en materia de seguridad pública está detenido el paquete de reforma secundaria en la Cámara de Diputados. La explicación oficial es que los grupos parlamentarios están en la construcción de consensos y, si es necesario, de cambios a las iniciativas presidenciales.
- En enero de este año, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que en este periodo ordinario de sesiones, que comenzó el 1 de febrero y terminará el 30 de abril, el Congreso de la Unión iba a concentrar su trabajo en aprobar 73 nuevas leyes o reformas de ley para dar cuerpo y operatividad a las reformas constitucionales.
Pero hasta el momento sólo se han concretado 18 y a ellas se suman seis referentes a las nuevas reglas en materia de obra pública y adquisiciones del gobierno federal, que si bien no emanan de una reforma constitucional reciente, sí fueron anunciadas por el diputado morenista Ricardo Monreal en enero pasado, con lo cual son 24 las reformas secundarias que se concretaron hasta el momento en el periodo ordinario de sesiones, es decir, al Congreso de la Unión le falta concretar 49, relacionadas con 17 de las 19 reformas constitucionales aprobadas en tiempo récord durante los últimos siete meses.
Disposiciones
De acuerdo con las reglas de la aplicación del marco jurídico nacional es necesario que existan las leyes que reglamentan las disposiciones constitucionales para que se apliquen plenamente e incluso es necesario, en la mayoría de los casos, que se cuenten con los reglamentos respectivos para que los beneficios que se buscan para la sociedad sean calaros.
Desde septiembre y hasta antes de Semana Santa, el Congreso de la Unión aprobó 19 reformas constitucionales.
- La reforma en materia de bienestar animal dispone que “el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, considerando su naturaleza, características y vínculos con las personas, la prohibición del maltrato en la crianza, el aprovechamiento y sacrificio de animales de consumo humano y en la utilización de ejemplares de vida silvestre en espectáculos con fines de lucro, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios”.
- Pero también deberá reformarse Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, porque ahí están las referencias a la protección de los animales. No se ha avanzado en ellas.
Tampoco hay avance respecto de la reforma para la inclusión de la Guardia Nacional como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional dice en su régimen transitorio que “dentro del plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, el Congreso de la Unión debe armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto. En tanto se realice la armonización del marco jurídico correspondiente, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto”.
Los instrumentos legales que necesitan incluir a la Guardia Nacional son los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, así como las leyes de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y General que establecen las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La inclusión de nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa dice que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes, y eso implica que se modifiquen los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Fiscal Federal, pero aún no se hacen.
- En cuanto a las nuevas disposiciones en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, el Congreso también tiene 180 días para emitir las leyes respectivas y el régimen transitorio le ordena emitir una nueva “ley general en la materia”; no ha avanzado, incluso tienen diferencias dentro de los grupos de trabajo.
- Pero también implica cambios a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comuniddes Indígenas y Afromexicanas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Los cambios constitucionales en materia de bienestar, que se refieren a la pensión de adultos mayores, a personas con discapacidad menores de 65 años, así como apoyos a jornaleros agrícolas y pescadores, junto con productos que tienen precios de garantía y entrega de fertilizantes implicarán que en un máximo de 180 días, el Congreso de la Unión modifique las leyes General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; del Seguro Social; de Desarrollo Social, de Vivienda, Federal del Trabajo y General de Pesca y Acuacultura Sustentables y aún no existe esa reglamentación.
La reforma en materia del servicio ferroviario implica cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que no se han hecho.
La prohibición de los vapeadores todavía no se ha llevado a la Ley General de Salud, ni a la correspondiente a la protección de las niñas, niños y adolescentes; la obligación de los campesinos a sembrar sólo maíz nativo tampoco tiene leyes que la regulen.
Faltantes
La reforma constitucional de Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene regulación en las leyes de juventud ni del trabajo; la que prohíbe el nepotismo tampoco se ha llevado a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales ni de Partidos Políticos; la que se refiere a la soberanía nacional aún está sólo en el texto constitucional y la referente a la digitalización de los trámites de gobierno ni siquiera tiene una iniciativa que la aterrice a nivel de leyes.
- Hasta el momento sólo el presidente del Senado, Gerardo Fernández, ha anticipado la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para después del 1 de junio, ya celebradas las elecciones de juzgadores federales y sólo para hacer más reformas en esa materia.
Y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que propondrá un extraordinario para concretar el paquete de leyes para mejorar el sistema de búsqueda y localización de personas.
Pero el resto de los temas pendientes aún no han sido mencionados para un extraordinario./Agencias-PUNTOporPUNTO
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