La presidenta Claudia Scheinbaum Pardo presentó dos iniciativas a la a la Cámara de Diputados; la primera que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y la segunda, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ambas representan un esfuerzo por modernizar y coordinar las capacidades del Estado mexicano en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.
Sin embargo, su implementación y diseño requieren un análisis crítico para evitar que, en lugar de fortalecer la seguridad pública, se generen nuevos problemas estructurales o se vulneren derechos fundamentales.
En primer lugar, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia es una medida necesaria en un contexto donde el crimen organizado opera con altos niveles de sofisticación y recursos. Esta iniciativa busca centralizar y coordinar la información entre las diversas instituciones de seguridad, lo que podría mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante amenazas. Sin embargo, preocupa la falta de detalles sobre los mecanismos de control y supervisión que garantizarán que esta inteligencia no sea utilizada con fines políticos o para vigilar a ciudadanos sin justificación. La historia reciente de México ha demostrado que la falta de controles en materia de inteligencia puede derivar en abusos de autoridad y violaciones a la privacidad.
Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública pretende unificar criterios y estrategias entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Esto es fundamental, ya que en ocasiones la fragmentación o la falta de coordinación han sido históricamente uno de los mayores obstáculos para combatir la inseguridad. Sin embargo, parecería que la iniciativa no aborda de manera suficiente algunos de los problemas, como involucramiento de mandos o auroridades políticas con la delincuencia, corrupción y falta de capacitación que afectan a algunas instituciones de seguridad.
Estas iniciativas podrían fortalecer la cooperación bilateral con la administración del presidente Trump en materia de seguridad al mejorar la capacidad de México para combatir el crimen organizado, que es una preocupación compartida por ambos países, y mostrar que México está tomando medidas serias y coordinadas para abordar estos problemas, lo que podría reducir las presiones unilaterales por parte de Estados Unidos.
La creación de un Sistema Nacional de Inteligencia permitiría una mayor eficiencia en la recopilación, análisis y intercambio de información con agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y la CIA. Esto es crucial para abordar problemas como el tráfico de drogas, armas y personas, que tienen un impacto directo en la seguridad de ambos lados de la frontera.
Es importante destacar que ninguna ley, por sí sola, resolverá los problemas de seguridad en México, ya que son acompañadas de políticas públicas integrales y programas que abordan las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades. De lo contrario, se corre el riesgo de seguir aplicando enfoques reactivos que no han dado resultados sostenibles en el pasado.
En conclusión, mientras estas iniciativas representan un paso adelante en la búsqueda de un marco jurídico más sólido, es necesario que se incorporen salvaguardas claras para proteger los derechos humanos, se fortalezcan los mecanismos de transparencia y se aborden las raíces profundas de la inseguridad.
Solo así se podrá construir un sistema de seguridad pública verdaderamente efectivo y democrático.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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