Para nadie es un secreto el contubernio de las autoridades con el crimen organizado; el poder y el dinero de los delincuentes ha logrado corromper a servidores públicos en todos niveles y en todo lugar del país.
Los gobiernos por años han impedido de muchas maneras que este fenómeno no se conozca, silenciando medios y amedrentando periodistas. Pero cada vez son más las administraciones que no solo quieren ocultar estas corruptelas, sino su constante ineficacia a la hora de combatir el delito.
El fin de semana el Congreso de Sinaloa, que encabeza una de las regiones más violentas del país, aprobó una reforma en materia judicial que impone restricciones a los periodistas para hacer su trabajo.
El proyecto legislativo, presentado por el gobernador y aprobado por unanimidad, señala que los periodistas «en ningún caso» podrán tener acceso a los lugares donde se registran hechos delictivos.
Tampoco podrán acceder a «información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia», indica el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.
La única forma de conseguir información de las investigaciones será «a través de los boletines de prensa que emitan la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia», señala el proyecto aprobado.
Además, ningún funcionario de la Procuraduría estatal podrá dar reportes a un medio de información sin la autorización previa del procurador General de Justicia del estado, por lo que la institución se convertirá en la única vocera de los hechos que ocurran en el estado.
El Diario El Debate reaccionó al momento, y emitió una editorial donde se puede leer: “El dictamen significa un paso atrás en el derecho del ejercicio periodístico, toda vez que los medios de comunicación representan un contrapeso determinante para el esclarecimiento de los hechos de inseguridad o delitos que azotan al estado».
Como sabemos, Sinaloa es uno de los cinco estados más violentos del país, con una tasa de 41 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras oficiales de 2013, y vive un reajuste de los grupos del crimen organizado tras la captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, en febrero pasado.
Luego de horas de haberse aprobado tal dictamen, y ante la polémica nacional que generó, el gobernador del estado, Mario López, se desdijo de lo que propuso, y solicitó al Legislativo local que analice y, en su caso, modifique el texto.
Dijo que será respetuoso de las decisiones del Congreso, y se atrevió a afirmar que su gobierno no pretende «cometer excesos, y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa”, a pesar de que fue él quien emitió el proyecto en cuestión.
Y aunque legisladores locales aseguraron que enmendarán la plana al gobernador y derogarán esta llamada “Ley Bozal”, asociaciones de periodistas como la 7 de Junio y Periodistas de Sinaloa no se quedarán con los brazos cruzados e irán por la vía del amparo contra la legislación, porque podría prevenirlos de que tiempo más adelante se intentara hacer lo mismo.
Mientras son peras o manzanas, esta ley retrógrada está en vigor y sirve para alentar la impunidad, la falta de rendición de cuentas y la opacidad por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.
Es lamentable que a nivel local se sigan presentando medidas desproporcionadas como esta, dignas de un estado autoritario, porque la inseguridad jamás se abatirá limitando la información a la prensa y a la sociedad.
Lo aprobado la víspera en Sinaloa es propio de una dictadura y urge su inmediata derogación ya que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Gracias y buen inicio de semana.
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